La condena a 18 años de prisión por narcotráfico a los sobrinos de la primera dama de Venezuela muestra hasta dónde habría llegado la mafia en las entrañas del gobierno del vecino país.
El tema es conocido como ‘el caso de los narcosobrinos’. No se trata de un asunto menor. De hecho, acapara con frecuencia los titulares de prensa en todo el mundo, y no es para menos. En un hecho inusual, por primera vez los familiares directos de un jefe de Estado son condenados por negocios de narcotráfico.
Los protagonistas principales de esta historia son Efraín Campo Flores y Francisco Flores, sobrinos de Cilia Flores, esposa del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y primera dama de ese país. La cercanía de estos con la pareja no se limita a simples lazos de sangre. De hecho, el primero fue criado directamente por Cilia y es el ahijado del mandatario.
Estos 2 hombres fueron condenados el pasado 14 de diciembre a 18 años de prisión por una corte del Distrito Sur de Nueva York, a pesar de que la Fiscalía estadounidense pedía 30 años. Sin embargo, la condena es incluso superior a la que han recibido grandes capos de carteles colombianos.
El caso por el cual los llamados narcosobrinos pasarán una larga temporada tras las rejas en Florida ocurrió en noviembre de 2015, en Puerto Príncipe (Haití), cuando fueron detenidos por la DEA. Varias semanas antes los 2 hombres venían negociando el envío de un cargamento de 800 kilos de cocaína a Estados Unidos.
Los proveedores de la droga eran antiguos integrantes de la guerrilla de las Farc que se movían en Venezuela y tenían laboratorios en Colombia. Pero lo que no sabían los poderosos sobrinos es que los compradores del cargamento, unos supuestos narcos mexicanos, en realidad eran agentes encubiertos antidrogas que documentaron y grabaron toda la operación.
En el desarrollo del juicio, se revelaron aterradores detalles de la corrupción y la infiltración del narcotráfico en los más altos niveles del régimen venezolano. “Amparados en el poder político y la impunidad de la que gozaban en Venezuela, (los narcosobrinos) montaron una empresa criminal que despachaba aviones con droga desde y a través de importantes aeropuertos usando hangares de la Presidencia de Venezuela”, dice uno de los apartes del expediente revelado por la prensa.
La Fiscalía estadounidense también mostró chats y correos en los que los narcosobrinos afirman que parte del dinero que esperaban ganar con la droga iría para reforzar las campañas oficialistas para la Asamblea Nacional a finales de 2015.
Como si esto ya no fuera escandaloso, en todo este episodio también salió a relucir un tercer sobrino de la pareja presidencial, primo de los dos sentenciados. Se trata de Carlos Malpica Flores, quien ocupó el cargo de tesorero nacional, entre 2014 y 2016, y adicionalmente fue nombrado como parte de la junta directiva de la petrolera estatal de Venezuela (PDVSA). En el cruce de comunicaciones entre los primos, quedó en evidencia el cobro de millonarias coimas y sobornos a proveedores de la petrolera con el fin de permitir y agilizar los pagos por servicios prestados.
En las audiencias, el fiscal también hizo un anuncio extremadamente grave. Afirmó que los narcosobrinos tenían experiencia y muchos contactos en el mundo del crimen organizado y que el propio presidente Maduro estaba al tanto e incluso autorizaba los negocios de narcotráfico.
Poco después del arresto de sus sobrinos en 2015, la primera dama venezolana lo calificó de “montaje” y “secuestro”. Sin embargo, a medida que las pruebas y evidencias fueron saliendo a la luz pública durante los meses que duró el juicio, e incluso con la confesión que posteriormente hicieron los acusados, el gobierno venezolano no tuvo más remedio que optar por el silencio. Los narcosobrinos serían la prueba contundente y clara de lo que pasa en ese régimen.