Dos decisiones de Alejandro Ordóñez excluyeron a Piedad Córdoba de la vida política. Luego de anular la primera el pasado 9 de agosto, el Consejo de Estado anuló la segunda por supuesta participación indebida en política.
Dos veces sancionó el exprocurador Alejandro Ordóñez a la exsenadora Piedad Córdoba. Y ambas decisiones se quedaron sin piso. Aunque tomó varios años demostrar que las sanciones que había impartido fueron impuestas con base en evidencias anómalas, en su momento las decisiones del Ministerio Público daban por acabada la vida política de Córdoba, quien desde el comienzo de las acusaciones en su contra dijo que se trataba de un montaje y que ella no había cometido ninguna irregularidad.
Los líos de Piedad Córdoba con la Procuraduría comenzaron en noviembre de 2008, cuando recibió la notificación de que la cartera de Ordóñez le había abierto una indagación preliminar por sus supuestos vínculos con grupos al margen de la ley cuando todavía era senadora. Según el auto con el que comenzó el proceso, tras la Operación Fénix en 2008 (en la que las Fuerzas Militares bombardearon el campamento donde se encontraba alias Raúl Reyes, miembro del secretariado de las Farc), se incautaron tres computadores en donde estaban guardados varios documentos en los que se demostraba, supuestamente, la relación de la entonces senadora con la guerrilla.
Según la Procuraduría, la relación de Córdoba no solamente era humanitaria, como en ese momento alegó ella. De acuerdo con la investigación que adelantó el Ministerio Público durante más de tres años, y el análisis de los computadores por parte de la Interpol, se estableció que Piedad Córdoba emitió consejos al grupo de las Farc para que no enviaran vídeos de personas secuestradas sino grabaciones de voz para mejorar su estrategia y lograr sus objetivos.
“La senadora Piedad Esneda Córdoba impulsó al grupo armado ilegal de las Farc con el fin de procurar sus logros y objetivos. Igualmente, las pruebas demostraron que la mencionada senadora de la República trabajó con otras personas –pertenecientes al grupo insurgente– en realización de obras. Para este despacho, entonces, no existe el menor asumo de duda que los comportamientos por haber instado a las Farc para que este grupo al margen de la ley fuera hostil contra miembros de partidos políticos y demás servidores públicos”, dice el documento de 140 páginas con el que el exprocurador Ordóñez destituyó a la senadora el 27 de septiembre de 2010.
Su conducta, aclaró el Ministerio Público, estuvo en contravía de los principios que rigen la función pública: “En efecto, haber mantenido vínculos con una organización ilegal al margen de la ley como las Farc, para promoverlos y colaborarles, produjo que principios como la moralidad pública, la transparencia, la objetividad, la lealtad, la imparcialidad y la neutralidad, entre otros, se vieran seria y considerablemente afectados por la conducta constitutiva de la senadora”.
Aunque con la primera destitución e inhabilidad ya Piedad Córdoba del ruedo político, se vino una segunda decisión en su contra. En abril de 2011, la Procuraduría le abrió otra investigación porque, supuestamente, le había entregado $25 millones al candidato a la Cámara de Representantes por el Atlántico Ricardo Montenegro en 2010. En abril de 2012 estuvo listo el segundo fallo disciplinario en contra de la exsenadora.
Según el fallo, a la campaña de Ricardo Montenegro ingresaron dos donaciones a nombre de la exsenadora, uno por $20 millones y otro por $5 millones. La propia contadora del candidato aseguró que había sido Córdoba quien había enviado el dinero. Sin embargo, el Partido Liberal, el movimiento político al que pertenecían Córdoba y Montenegro, negó los pagos. En su defensa, Piedad Córdoba repitió lo que dos años atrás había dicho ante su primera sanción: que era víctima de una persecución política y que no sabía nada de esos pagos.