Así se refirió el exalcalde de Bogotá al fallo que lo obliga a pagar una suma de $218 mil millones.
El fallo que deja en firme la responsabilidad fiscal por más de $218 mil millones al exalcalde Gustavo Petro y tres funcionarios más de su administración por haber reducido las tarifas de Transmilenio, lo que generó un Detrimento patrimonial a Bogotá.
Sobre esto, Gustavo Petro, exalcalde de Bogotá, sostuvo que el fallo no solo le pide pagar $218 mil millones, sino que la cifra ascendería a 1 billón de pesos.
Este proceso, que arrancó en 2012 con los alegatos de las partes y la entrega de testimonios de funcionarios, culminó con esta decisión que dejó en firme el contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados.
Por ser una acción cautelar y coactiva a partir de ahora arranca el rastreo de bienes del exmandatario para que esto pueda suplir el pago de la sanción impuesta por el ente fiscal.
Gustavo Petro indicó que Transmilenio “no ha perdido un solo peso por esto” y aseguró que “no hay detrimento patrimonial”. “Lo que buscan con estos procesos es sacarme de la política”, afirmó.
Sostuvo, además, “la tarifa que debía poner debería ser la que cubriera costos operaciones de buses”. “La tarifa diferencial dio resultado” y, según dijo, “los decretos de tarifa son hoy legales”.
Petro pedirá la nulidad judicial del proceso por detrimento patrimonial en caso TM
Exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro / Foto AFP
Petro señaló que lo que hizo durante su administración fue aplicar un sistema de financiación compartido con el fin de subsidiar las tarifas y hacerlas asequibles a los miles de usuarios del transporte público de la capital del país, por lo que “no se puede decir que utilizar los recursos del Estado para ayudar a la comunidad es un detrimento patrimonial”.
El exmandatario de los capitalinos sostuvo que este es un esquema que “se usa en Nueva York, Londres, París y durante mi mandato aquí en la ciudad” y que “no existe tal hueco fiscal del que habla la Contraloría”, desde donde advirtió que “se está generando mucha desinformación al respecto”.
Frente a los seguimientos desde entidades públicas que denunció, Petro manifestó que están asesorando a todos los dirigentes de izquierda para que “acudan a las instancias judiciales y busquen que se declare la nulidad de los mismos” y que una vez se demuestre su falta de legalidad “se emprendan las medidas pertinentes para demostrar que hay un seguimiento sistemático contra los líderes contra quienes opinan diferente al gobierno de turno”.