En un balance, el Ministerio Público informó que durante el período del exprocurador General, Alejandro Ordóñez, y de la procuradora (e), Marta Castañeda, fueron tramitadas 4.854 solicitudes de insistencia de tutela, pero sólo 405 de ellas fueron presentadas por la Procuraduría a la Corte Constitucional.
De ellas, la Corte seleccionó 201 para revisión, sobre las cuales profirió varias sentencias de unificación. La Procuraduría también presentó ante el alto tribunal 1471 conceptos de demandas de constitucionalidad, entre los que destacan los relacionados con la demanda del fiscal General contra el acuerdo de paz con las Farc; el proyecto de ley estatutaria sobre el plebiscito y las múltiples demandas contra el Acto Legislativo para la Paz.
En relación con la función de intervenir en las distintas demandas de constitucionalidad instauradas por los ciudadanos ante la Corte Constitucional, entre los años 2009 y 2016 la Procuraduría General de la Nación emitió 1471 conceptos, en temas de gran relevancia y controversia de la realidad nacional.
Algunos de estos conceptos fueron los relacionados con la demanda del fiscal general contra el acuerdo general del proceso de paz. Se demandó la expresión “acuerdo” contenida en la Resolución 339 de 2012 que incluye el Acuerdo General (AG) por el cual se instala la mesa de negociaciones con las FARC-EP. Se solicitó a la Corte Constitucional que se declarara inhibida para pronunciarse de fondo sobre la demanda por falta de competencia, pues la competencia es del Consejo de Estado por tratarse de un acto administrativo.
Se analizó la constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria sobre el plebiscito para la paz. Allí se solicitó de manera principal la inexequibilidad del proyecto pero subsidiariamente se solicitaron varios condicionamientos e inexequibilidades parciales.