Si se acepta la ley del senador del Polo, Alexánder López, que propone incorporar a las más de 60.000 madres comunitarias en la nómina del ICBF, habría que acabar este instituto, dijo su directora, Cristina Plazas, en respaldo a la decisión del presidente Juan Manuel Santos de objetar la norma.
“En la objeción del proyecto de ley de las madres comunitarias no se está atentando contra sus derechos laborales”, afirmó este jueves, en rueda de prensa, Cristina Plazas, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
“Desde el 2014, las madres comunitarias tienen derechos laborales adquiridos. Tienen un contrato de trabajo con todas sus prestaciones sociales. Esto quiere decir: salud, pensión, vacaciones, cesantías, prima”, añadió Plazas, para quien la implementación de ley que objetó el Ejecutivo quebraría a una entidad que beneficia, en diferentes modalidades de atención y protección, a cerca de cuatro millones de niños en todo el país.
Explicó que Santos se opuso a la sanción de la ley, porque es absolutamente imposible habilitar casi un billón de pesos adicionales que costaría la sola nómina de las madres, por un año, a cargo de la nación.
“El proyecto de ley lo que busca es que las madres comunitarias sean contratadas directamente por el ICBF. Esto quiere decir que se abran 64.000 nuevos puestos en la planta del Instituto. Esto costaría más de 800.000 millones de pesos al año y eso sería totalmente inviable”, añadió Plazas, quien añadió que, además pondría en riesgo la subsistencia del programa y el trabajo de estas mujeres.
La funcionaria subrayó que los servicios públicos de atención en primera infancia aún no cuentan con cobertura universal. “Con estos recursos atenderíamos 400.000 niños que en este momento están sin atender”, puntualizó.