El ente de control evaluó las dificultades legales, administrativas, financieras, técnicas y de infraestructura del programa.
La Procuraduría General de la Nación presentó el “Segundo informe sobre el seguimiento al Programa de Alimentación Escolar – PAE– a nivel nacional”, en el que solicitó a diversas entidades trabajar de manera coordinada para asegurar el derecho de los niños y niñas a una alimentación sana y equilibrada.
El ente de control evaluó las dificultades legales, administrativas, financieras, técnicas y de infraestructura que presenta aún el programa y elevó diversas recomendaciones encaminadas a mejorar su desarrollo e implementación.
En esta medida, el organismo de control solicitó al Ministerio de Educación Nacional (MEN) continuar examinando fórmulas para convertir el PAE en una política de Estado, a través de la cual se le inyecten anualmente recursos de manera obligatoria, independientemente del gobierno de turno. Además, pidió invertir en la contratación de auditorías especializadas en el manejo de bolsas comunes, con el fin de garantizar que los recursos destinados al programa sean ejecutados debidamente.
Así mismo, aseguró que existe un riesgo grande al tomar como referencia los criterios del Gobierno Nacional para controlar el efectivo uso de los recursos en el PAE.
“(...) Dicho riesgo tiene que ver con el hecho de que para el Gobierno Nacional el giro de los recursos equivale a su ejecución”, explicó.
Desde este punto, el ente de control reiteró que se requiere fortalecimiento institucional a través de dichas auditorías que brinden información periódica sobre los hallazgos e irregularidades que se encuentren en la ejecución del programa y enfatizó en la necesidad de construir un esquema de indicadores más riguroso que mida con precisión el tiempo y las raciones que se brindan.