La Superintendencia de Industria y Comercio elevó pliego de cargos contra 23 directivos de la Asociación de Colombiana de Camioneros y 11 directivos de la Asociación de Transportadores de Carga por Carretera.
Mediante la resolución 4697 del 2017, la SIC reveló que algunos integrantes de estas asociaciones se pusieron de acuerdo para fijar una tabla de tarifas para ser cobradas por los diferentes transportadores de carga de todo el país, “que sin embargo insistieron en denominar tabla de fletes”.
Se indica además en la resolución que “la información sobre la tabla de fletes se acompañó de afirmaciones que estarían orientadas a persuadir o influir a los transportadores para que los valores de la tabla fueran observados”.
Entre los directivos de la ACC investigados figuran Pedro Antonio Aguilar, quien fue capturado hace un par de meses por las autoridades, por conformar un presunto cartel de la chatarrización.
Mientras que por la ATC uno de los implicados en esta decisión es el líder transportador Luis Orlando Ramírez, quien salió del país por presuntas amenazas de muerte.
El oficio también extiende unas posibles sanciones a 14 filiales de la ACC en el país, quienes podrían ser castigados con multas por 100.000 salarios mínimos legales vigentes, por violar estas normas de la libre competencia.
Juan Carlos Bobadilla, miembro de la ACC, dijo a RCN Radio que aún no ha sido notificado y aseguró que “esto se trata de una persecución por parte del Gobierno para evitar otro paro camionero debido a las malas condiciones que viven los transportadores con los altos fletes y los elevados precios de los combustibles”.
Según el dirigente camionero, la multa del proceso podría ascender hasta los 200 mil millones de pesos, capital que según él no tienen los camioneros.