Las decisiones que terminaron en traslados de cárcel, libertades y beneficios como detención domiciliaria, tienen a 24 funcionarios de la rama judicial en el Meta en la cárcel y a tres magistrados por el mismo camino.
El conocido jefe de la Oficina de Envigado, capturado y condenado a más de 20 años de prisión, resultó sin muchos problemas con el beneficio de casa por cárcel, que claramente no cumplió porque se voló.
El juez Ronald Floriano Escobar sin muchas explicaciones y amparado en la autonomía judicial dijo que el peligroso delincuente podría estar en su casa, que no representaba un peligro para la sociedad, ahora ese juez está capturado y develó un lucrativo negocio con decisiones judiciales.
Abogados y asistentes de despachos sirvieron de intermediarios. Eran ellos quienes llevaban las propuestas a los jueces para que luego de un análisis previo determinará qué clase de beneficio se le podría otorgar, que también dependía de la cantidad de dinero a cancelar.
Las tarifas con traslados de cárcel arrancaban en 14 millones de pesos y subían de acuerdo al tipo de beneficio que esperaban alcanzar: redención de pena, detención domiciliaria y libertades, los investigadores tiene evidencia de que hubo pagos hasta de 200 millones de pesos.
La “mano negra” en el Tribunal del Meta
Tres magistrados: Alcibiades Vargas Bautista, Joel Darío Trejos y Fausto Rubén Díaz Rodríguez fueron citados a imputación de cargos, según la Fiscalía, ellos como instancia superior se encargaron de otorgar los beneficios que no eran concedidos por jueces que estaban fuera de la “empresa criminal”. Los magistrados de larga trayectoria en la rama judicial se convierten en un problema porque su judicialización debe hacerse en los Tribunales de Bogotá donde otros magistrados ya expresaron impedimentos con el argumento de conocerlos y ver en riesgo su objetividad a la hora de tomar una decisión.
El inventario de capturas de la Fiscalía y la Dijin contó seis jueces y tres magistrados, pero hay otro listado que incluyó asistentes de juzgados, fiscales e investigadores del CTI y funcionarios de Medicina Legal y el Inpec.
Cada integrante tenía una función de la red de corrupción judicial. Los conceptos médicos, los resultados de las investigaciones, la vigilancia penitenciaria, todo era necesario para soportar los beneficios que otorgaban a los delincuentes y que al final tomaban los jueces y confirmaban los magistrados.