La iniciativa, impulsada por el colombiano Iván Duque, atribuye al presidente venezolano, con el respaldo de congresistas chilenos, la denuncia ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, CPI, en La Haya, por haber cometido presuntamente crímenes de derecho internacional
El proceso judicial que se instauró ante la CPI, fue hecho, además, por congresistas del Centro Democrático, y pretende que la CPI “conozca hechos y situaciones que podrían configurar delitos de competencia de ese tribunal internacional”.
En Chile el apoyo a esta denuncia la adelantó el diputado Felipe Kast, y asesorados por el abogado internacionalista Andrés Barreto González.
El sustento jurídico plantea que el presidente de Venezuela habría incurrido en delitos contenidos en el Estatuto de Roma, como conductas de asesinato, deportación o traslados forzosos, encarcelamientos y privaciones injustas de la libertad, tortura, persecución de un grupo o colectividad específica, y desaparición forzada de personas.