En la Fiscalía se adelantan 31.000 investigaciones por violencia contra servidores públicos.
Cada vez se hace más común ver a ciudadanos enfrentarse a la Policía, incluso lo graban y publican en redes sociales. El fenómeno de agresiones e irrespeto por la autoridad se propagó y una ciudad como Bogotá, con el mayor número de uniformados, se convirtió también en la zona del país con más casos de violencia contra servidor público.
Más 600 hechos de violencia contra los uniformados en la capital y en los primeros ocho meses de este año, sin condenas conocidas, explican la opinión de algunos expertos penalistas ante la falta de sanciones ejemplares a responsables de estas conductas, entre ellos menores de edad.
“Hay cierto desinterés en la protección judicial de los servidores públicos, especialmente de la Policía, al parecer no hay una línea de investigación definida que permita priorizar estos delitos para dar mejores resultados”, dijo el abogado Camilo Burbano, ex director del sistema penal acusatorio de la Fiscalía.
La Fiscalía recibe un promedio de 18 denuncias diarias de uniformados atacados en medio de procedimientos o cuando por casualidad se encuentran con alguna riña que tratan de solucionar.
Medellín con 541 casos, es la segunda ciudad en la lista de agresiones a servidores públicos y lo curioso es que entre los victimarios se encuentran no solo civiles, también militares, policías y hasta fiscales aparecen como agresores de sus propios colegas.
“Hay una crisis de autoridad, las personas no ven en los funcionarios un impedimento para atentar contra su integridad, tenemos en déficit de autoridad que precisamente haga respetar a nuestros policías”, señaló el experto penalista Francisco Bernate.
En total son 31.000 las investigaciones que tiene a la fecha la Fiscalía, eso sin contar las decenas de casos que los funcionarios dejan denunciar, porque curiosamente, no están convencidos de que resulte efectivo.
“La pregunta aquí es qué pasa en los casos, agresiones de todos los días, a los agentes de tránsito, a los funcionarios de juzgados que van a hacer embargos, a la policía al hacer un cierre de establecimiento o control de ruido, la realidad es que hay un mensaje de impunidad”, agregó Bernate.
Los sitios con los menores registros de todo el país son Vichada, Amazonas y San Andrés y Providencia.