En carta enviada a los ministros del Interior y Defensa al alto Consejero para el postconflicto y la Agencia de Sustitución de Cultivos Ilícitos, el procurador general Fernando Carrillo muestra su preocupación por la manera cómo se está llevando a cabo el programa de sustitución de cultivos ilícitos en el país.
Para la Procuraduría es necesario que el Gobierno revalúe las estrategias de implementación del punto cuatro del acuerdo de paz que contempla la solución al problema de las drogas licitas. Se trata del punto que promueve la sustitución voluntaria de los cultivos ilícitos y la transformación de los territorios afectados.
Para el Ministerio Publico los constantes asesinatos en el municipio de Tumaco develarían las dificultades de la implementación del acuerdo en el municipio con más hectáreas sembradas de coca en el país. “La Procuraduría repudia la escala de violencia protagonizada por diferentes actores armados contra la población civil en Tumaco”.
Condena el Ministerio Publico “la escalada de violencia contra las comunidades que han dado ejemplo de resistencia pacífica”, por eso hace un llamado a una “respuesta pronta y contundente para desarticular estas dinámicas criminales que amenazan la paz territorial y atentan contra la voluntad comunitaria de superar el problema de los cultivos ilícitos”.