Actualmente $500 mil millones de pesos permanecen en depósitos judiciales como respaldo para cubrir obligaciones con terceros como contratistas y trabajadores.
La Procuraduría General de la Nación denunció el embargo irregular a los recursos de la salud, y pidió a la Fiscalía, la Contraloría y la Judicatura acciones penales, fiscales y disciplinarias contra jueces, abogados y particulares vinculados con estos carteles.
Aunque la Constitución y las leyes prevén que los recursos para la salud son inembargables, actualmente $500.000 millones de pesos permanecen en depósitos judiciales como respaldo para cubrir obligaciones con terceros como contratistas y trabajadores. De este monto $300.000 millones corresponden a EPS del régimen contributivo y subsidiado y a la red pública de hospitales.
Un informe del Ministerio Público encontró que en Sincelejo, Mocoa y Valledupar jueces civiles locales estarían ordenando el embargo de los recursos que debían ser girados a las empresas sociales del estado en su condición de instituciones prestadoras de salud.
Para el caso de Sincelejo se pudo identificar que el Juzgado Tercero Civil del Circuito ordenó el embargo de cerca de $11.000 millones de pesos, que tenían como destino la ESE Hospital Universitario de Sincelejo, en procesos donde la mayoría de los reclamantes eran representados por un mismo abogado y el monto de esas deudas no superaba los $4.000 millones de pesos.