Este proceso busca conocer los crímenes que se cometieron por parte de la antigua guerrilla de las Farc y de la fuerza pública entre 1990 y 2016 en estos tres municipios del departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador.
Bogotá, (EFE).- La Justicia Especial para la Paz, JEP, anunció la apertura de su segundo caso, que investigará los crímenes del conflicto armado en tres municipios del suroeste del país, una de las zonas más azotadas por la violencia, que afectó especialmente a las comunidades étnicas de la región.
“Se inicia la etapa de reconocimiento de verdad, de responsabilidad y determinación de los hechos y conductas dentro del Caso 002 de 2018 correspondiente a la situación de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas”, informó hoy la presidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de Hechos y Conductas, SRVR, Julieta Lemaitre, en una rueda de prensa en Bogotá.
Este proceso busca conocer los crímenes que se cometieron por parte de la antigua guerrilla de las Farc y de la fuerza pública entre 1990 y 2016 en estos tres municipios del departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador, donde el conflicto armado arreció con más fuerza y que se mantiene como una región aún convulsa.
La JEP ha identificado más de 1.000 víctimas en estas localidades por “todo tipo de violaciones a los derechos humanos” como “masacres, asesinatos, reclutamiento forzado, violencia sexual, heridas o muertes por minas antipersonales, desplazamientos y confinamientos, retenciones ilegales y ejecuciones extrajudiciales”, según documentó la Sala.
Además se registraron “graves afectaciones a los territorios colectivos por la contaminación de ríos tras atentados a oleoductos”, agregó Lemaitre.
Organismo de Justicia
La JEP es el organismo de justicia creado por el acuerdo de paz entre las Farc y el Gobierno colombiano para investigar y juzgar los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado, cuyo principal objetivo es obtener la verdad sobre los hechos a nivel nacional y evitar su repetición.
La magistrada Belkis Izquierdo recordó que el 80 % de los habitantes de los tres municipios son de comunidades étnicas e indígenas, como la mayor parte de las 1.000 víctimas identificadas por la JEP.
Sin embargo, la Sala también estudiará los crímenes cometidos contra estudiantes, líderes sociales, comerciantes o alcaldes de la zona.
El organismo priorizó este caso para “materializar el enfoque territorial y étnico-racial” de la justicia transicional, y así “comprender la dinámica del conflicto armado en el territorio” EFE