La medida, respaldada por el reciente Decreto 2016 de 2023, busca elevar estándares de calidad y reducir costos. Aunque recibió apoyo económico, críticos advierten sobre posibles riesgos para la seguridad alimentaria.
En un intento por contrarrestar el constante aumento en el precio de la carne que afecta a numerosas familias colombianas, el presidente por Gustavo Petro anunció que se reabrirán los mataderos municipales en todo el país. La medida, respaldada por el reciente Decreto 2016 de 2023, busca elevar los estándares de higiene, calidad y costos de productos esenciales en la canasta familiar.
Aunque en el pasado, estos mataderos municipales fueron cerrados debido a problemas de salubridad, la administración actual promete una regulación más estricta para garantizar la seguridad alimentaria y la calidad de la carne.
La ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, expresó: "Con esto contribuimos a la agregación de valor de la cadena cárnica en las regiones. Sobre todo, los municipios más apartados de Colombia podrán tener acceso a carne de calidad sanitaria".
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) desempeñará un papel crucial en este nuevo panorama, verificando las condiciones sanitarias de las plantas y otorgando autorizaciones para la distribución local.
A pesar de la incertidumbre en torno a la efectividad de esta medida, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, aseguró en entrevista con un medio de comunicación que los impactos se sentirán principalmente en las regiones más alejadas del país y en los pequeños municipios, no afectando a las grandes ciudades.
El economista Johan Caldas respalda la iniciativa, argumentando que reducirá los costos de transacción al evitar el transporte de animales a grandes mataderos y reducir los costos de mano de obra en pequeños municipios.
Sin embargo, no todos están convencidos. Gregorio Piñeros Gómez, zootécnista y profesor de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional, advierte que la medida puede no cumplir su objetivo. Sostiene que el aumento en el precio de la carne se debe a los procesos de intermediación y que el riesgo para la seguridad alimentaria podría derivar en problemas de salud pública.