Santo Domingo, República Dominicana (AP) — El Senado dominicano se aprestaba a aprobar un nuevo código penal que mantiene las penas de cárcel para las mujeres que aborten. Una versión anterior de la ley que nunca entró en vigencia habría despenalizado la interrupción del embarazo en ciertas condiciones.
El proyecto ha sido criticado por asociaciones de salud y organizaciones de derechos humanos por mantener penas de hasta tres años de cárcel para las mujeres y de 10 para el personal médico que colabore en un aborto.
La pieza también sido criticada por representantes del poder Ejecutivo, autoridades de los ministerios de Salud y la Mujer y representantes de hospitales privados.
Rafael Mena, presidente de la asociación de hospitales privados, estimó el lunes que en el país se realizan cerca de 90.000 abortos al año y al ser considerados un crimen, se practican de forma clandestina.
Las autoridades intervinieron el fin de semana una clínica privada en los alrededores de Santo Domino y detuvieron a cinco personas, entre ellos médico y el director, presuntamente por realizar abortos. Un juez ordenó el lunes mantener en prisión preventiva a uno de los médicos y en detención domiciliaria al director del centro a fin de continuar la investigación.
César Pina, consultor jurídico del poder Ejecutivo, adelantó de forma previa a la sesión del Senado que el presidente de la República aún tiene la posibilidad de objetar la ley en caso de ser aprobada e “introducir algún tipo de enmienda” a fin de despenalizar el aborto en algunos casos.
Las organizaciones Amnistía Internacional y Oxfam consideraron en un comunicado conjunto que el proyecto que deberán los senadores representa un retroceso con respecto de la ley que ya había sido promulgada en 2014 y que despenalizaba la interrupción del embarazo bajo ciertas circunstancias.
A finales del 2014, el presidente Danilo Medina ya había vetado el proyecto de código penal que está en discusión desde 1997 y pidió a los legisladores que establecieran con precisión que el aborto no sería considerado un crimen cuando estuviese en peligro la vida la madre, el embarazo fuese resultado de una violación o el embrión presentara malformaciones graves.
Poco antes de que el nuevo Código entrara en vigencia, el Tribunal Constitucional lo declaró inválido por solicitud de varias organizaciones religiosas. El Tribunal no se pronunció sobre el tema del aborto, sino que consideró que el proceso de aprobación en el Congreso había sido incorrecto.
Los diputados aprobaron nuevamente el proyecto de forma urgente el pasado 19 de julio, pero eliminaron el artículo que despenalizaba el denominado aborto terapéutico.