Oposición desarrolló un paro cívico nacional en medio de un creciente espiral de violencia, que dejó tres muertos en los últimos dos días.
CARACAS (AP) — Venezuela inició el segundo día de paro cívico nacional en medio de un creciente espiral de violencia que dejó la víspera tres fallecidos durante disturbios callejeros, con lo que la cifra global de muertos subió a cien de acuerdo a un conteo basado en cifras oficiales.
La Fiscalía General confirmó ayer la muerte de Enderson Caldera, de 23 años, quien resultó herido en un disturbio callejero que se registró la víspera en la población suroccidental de Timotes, estado Mérida.
Asimismo, se anunció los decesos de un adolescente de 16 años, que fue herido la noche del miércoles en una protesta en la barriada capitalina de Petare, y de un hombre de 30 años que murió tras ser herido mortalmente en una manifestación en la población suroccidental de Ejido, estado Mérida.
Algunas avenidas y autopistas de Caracas, especialmente en el este de la ciudad, iniciaron la jornada con muy poca afluencia de vehículos, y centenares de comercios mantuvieron sus puertas cerradas en la segunda jornada de protesta contra el proceso para reescribir la constitución que impulsa el presidente Nicolás Maduro.
En otras grandes ciudades como Maracaibo, Valencia, Barquisimeto y Maracay también se reportaron paralizaciones de actividades, según indicaron medios locales.
La acción promovida por la coalición opositora, que asegura que el paro se cumplió en 92% durante la primera jornada, ha sido desestimada por Maduro que consideró la protesta como una "derrota" alegando que la mayoría de trabajadores no acataron el llamado a huelga.
Presión internacional
En medio de la tensión política generada por las manifestaciones y las sanciones que Washington impuso la víspera a 13 funcionarios y exmiembros del gobierno, Maduro se prepara para cerrar con una gran concentración en el centro de la capital la campaña para elecciones de los 545 miembros de la Asamblea Nacional Constituyente que se realizará el domingo.
"No reconocemos ninguna sanción. Para nosotros es un reconocimiento a la moral, a la lealtad patria, a la honestidad ciudadana", dijo el miércoles el mandatario al rechazar las sanciones estadounidenses y reiterar que seguirá adelante con el proceso constituyente.
Maduro asegura que la Asamblea Constituyente servirá para abrir un proceso de diálogo y paz que ayudará a resolver la crisis política y económica, mientras sus detractores sostienen que el mandatario utilizará el proceso de reforma de la constitución para controlar la Asamblea Nacional y la Fiscalía General, que están enfrentadas contra el gobierno, y garantizar su permanencia en el poder.
Trece países miembros de la OEA exhortaron el miércoles al gobierno venezolano a suspender el proceso constituyente alegando que podría implicar el “desmantelamiento definitivo de la institucionalidad democrática” y sería contrario a la voluntad que expresaron 7,5 millones de venezolanos que rechazaron la Asamblea Constituyente en el simulacro de consulta que realizó la alianza opositora el 16 de julio.
Las protestas antigubernamentales, que se han extendido por más de cien días, han dejado al menos cien muertos y 1.500 heridos, lo que supera ampliamente los registros de las manifestaciones del 2014 cuando se reportaron 43 fallecidos y unos 800 heridos.
Prohíben las protestas
El gobierno de Venezuela anunció ayer que suspenderá desde hoy todas las "manifestaciones públicas" que puedan "perturbar" el desarrollo de la elección de la asamblea nacional constituyente, que se celebrará este domingo, al tiempo que alertó que el incumplimiento de esta norma acarreará sanciones penales.
"Se prohíben en todo el territorio nacional las reuniones y manifestaciones públicas, concentraciones de personas y cualquier otro acto similar que puedan perturbar o afectar el normal desarrollo del proceso electoral", dijo el ministro del Interior, Néstor Reverol, en una alocución televisada.
En tal sentido, el funcionario advirtió: "Quien organice, sostenga o instigue a la realización de actividades dirigidas a perturbar la organización y funcionamiento del servicio electoral o de la vida social del país será penalizado con prisión de cinco a diez años".