La oposición venezolana y ONG condenaron este martes el juzgamiento de decenas de civiles en tribunales miliares, que denuncian como una maniobra del presidente Nicolás Maduro para desactivar protestas en su contra que dejan 36 muertos en 40 días.
La medida viene a echar sal a la herida en momentos de alta crispación por la convocatoria del mandatario a una Asamblea Constituyente, que ha intensificado las marchas con las que la oposición exige su salida del poder.
Maduro, quien aún no se pronuncia sobre los tribunales castrenses, encabezará esta tarde un acto ante miles de seguidores que se concentran en las afueras del palacio presidencial de Miraflores, en el centro de Caracas, en apoyo a la Constituyente.
Parlamento
Al mismo tiempo, el Parlamento, único poder controlado por la oposición, aprobará un acuerdo que condena esos juicios contra detenidos en el marco del Plan Zamora, un operativo de seguridad que echó a andar Maduro cuando iniciaron las protestas.
“La Constitución es clara, la jurisdicción militar no es para civiles, llevar allí a manifestantes es violar los derechos humanos”, dijo el jefe legislativo, Julio Borges, al dirigir un mensaje al ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López.
El jefe de la Región Estratégica de Defensa Integral, mayor general Jesús Suárez, precisó que de 780 detenidos, 251 fueron puestos a órdenes de tribunales militares acusados de “ataque al centinela y asociación para la rebelión”.
Unos 70 fueron encarcelados por orden de los tribunales castrenses instalados en el estado Carabobo (centro-norte), precisó el abogado Tony Marval, mientras la ONG de derechos humanos Foro Penal registra otros 11 presos en Caracas y en el Estado de Lara.
El constitucionalista José Vicente Haro aseguró que la medida viola el artículo 261 de la Constitución, según el cual la competencia de esas cortes “se limita a delitos de naturaleza militar”.