Madrid, 14 oct (EFE).- El Tribunal Supremo (TS) español condenó este lunes a penas de entre 9 y 13 años de prisión a nueve líderes catalanes por el proceso independentista ilegal de 2017, una decisión que puso final a un periodo de incertidumbre político-judicial y que marcará las elecciones generales españolas del 10 de noviembre.
Cuatro de ellos fueron sentenciados también por malversación de fondos públicos y todos, que ya cumplían prisión preventiva, fueron inhabilitados para ejercer cualquier cargo público, así que no podrán presentarse a elecciones durante el mismo tiempo de la condena.
El tribunal acordó penas menores para otros tres acusados, que estaban en libertad condicional y no tendrán que entrar en prisión, aunque fueron condenados a multas por desobediencia.
La Justicia española procesó a estos doce líderes independentistas por la organización del referéndum ilegal de "autodeterminación" del 1 de octubre de 2017 y la posterior declaración parlamentaria unilateral de independencia, el 27 de ese mes.
Los siete jueces del tribunal apoyaron por unanimidad la sentencia condenatoria por sedición -como pedía la Abogacía del Estado-, pero descartaron el delito, más grave, el de rebelión, del que eran acusados por la Fiscalía española y supone hasta 25 años de cárcel.
Los condenados no cometieron este delito porque, a pesar de que hubo "indiscutibles episodios de violencia", no fue suficiente para la secesión. El Estado mantuvo en todo el momento el control y la independencia se convirtió "en una mera quimera", según la sentencia, de 493 páginas.
Los jueces también arremeten contra los condenados por alentar desde su responsabilidad pública, política y asociativa a lo imposible - la secesión - y hacer creer a sus seguidores que, con su voto, estarían contribuyendo al acto fundacional de la "república de Cataluña".
Mientras tanto, el expresidente catalán Carles Puigdemont sigue en Bélgica huido de la Justicia española, que lo declaró en rebeldía.
El TS dictó hoy una nueva orden europea de detención y entrega del exgobernante catalán por los delitos de sedición y malversación.
Máxima pena de 13 años para el exvicepresidente junqueras
El exvicepresidente del gobierno regional Oriol Junqueras fue el procesado condenado a la pena más elevada, 13 años de cárcel, mientras que otros cinco miembros del anterior ejecutivo catalán fueron sentenciados a entre 10,5 y 12 años.
La que entonces era presidenta del Parlamento autonómico, Carme Forcadell, tendrá que cumplir 11,5 años; y los dirigentes de dos organizaciones sociales independentistas, 9 años cada uno por su liderazgo en la organización de protestas violentas.
El tribunal consideró que los condenados actuaron de forma coordinada y jerarquizada.
No obstante, podrán pedir salidas al exterior o permisos penitenciarios una vez que hayan cumplido la cuarta parte de la pena, que en el caso de algunos condenados hoy se cumpliría dentro de pocos meses, ya que llevan casi dos años en prisión preventiva.
Sánchez: juicio con plenas garantías
Tras conocerse la sentencia, el presidente del Gobierno español en funciones, el socialista Pedro Sánchez, afirmó que España "es una de las mejores democracias del mundo" y que el proceso judicial tuvo lugar "con plenas garantías y absoluta transparencia".
En una declaración institucional en español e inglés, Sánchez insistió en que "nadie es juzgado por sus ideas ni por su proyecto político" en la democracia española. Por ello, garantizó el "íntegro cumplimiento" de la sentencia.
El jefe del Ejecutivo recalcó que la sentencia confirma el "naufragio" del proyecto independentista de 2017, cuyos líderes ignoraron "los derechos de la mayoría social no independentista de Cataluña".
El ministro español de Fomento, José Luis Ábalos, por su parte, indicó que "no procede hablar de indulto" porque no está en la voluntad del Gobierno.
Los independentistas hablan de "venganza" del estado
En cambio, el presidente del gobierno regional catalán, el independentista Quim Torra, consideró la sentencia como un acto de "venganza, no de justicia", y se reafirmó en la determinación de avanzar "sin excusas" hacia una "república" catalana independiente de España.
Los condenados subrayaron en redes sociales su rechazo a las penas e insistieron en que no cejarán en su objetivo independentista. "Lo volveremos a hacer", advirtió Jordi Cuixart, sentenciado a nueve años.
Al conocerse la sentencia, grupos de activistas independentistas participaron en protestas en algunas ciudades, especialmente Barcelona, cortaron calles, varias carreteras y líneas de ferrocarril y entraron en el aeropuerto de la capital de Cataluña con la intención de bloquearlo. De momento, se han cancelado una veintena de vuelos.
Un fuerte despliegue policial con miles de agentes protege los edificios oficiales y las infraestructuras más importantes.
Del referéndum a la sentencia
A pesar de las advertencias del Tribunal Constitucional, la mayoría soberanista del Parlamento catalán aprobó el 6 y 7 de septiembre de 2017 una ley de referéndum y otra de transición a la "república" catalana, declaradas luego inconstitucionales.
A continuación, el gobierno catalán, dirigido por Puigdemont, convocó el referéndum del 1 de octubre, cuya celebración trataron de impedir las fuerzas de seguridad españolas (Guardia Civil y Policía Nacional) por orden judicial, ante la pasividad de la policía regional catalana.
En unos momentos de gran tensión institucional y social e incertidumbre política, el Parlamento catalán aprobó el 27 de octubre una declaración a favor de la soberanía de Cataluña.
El Ejecutivo español destituyó entonces a Puigdemont, que huyó al extranjero, y asumió provisionalmente la gestión de las competencias autonómicas de Cataluña.
El Tribunal Supremo juzgó entre febrero y junio pasado a doce líderes del proceso independentistas y hoy dictó una sentencia que influirá, sin duda, en los mensajes de los partidos españoles durante la próxima campaña electoral.
Cataluña se encuentra desde hace años sumida en una profunda división política y social debido al objetivo independentista de sus autoridades, que, según las encuestas, no es compartido por la mayoría de la población. EFE