Como medida de aseguramiento por delitos de corrupción
En caso de quedar en libertad, la exgobernadora podría afectar el proceso penal a su favor por el poder político que tiene en el departamento y la influencia en la administración de justicia de La Guajira, comentó en un comunicado la Fiscalía. Asimismo, advirtió el fiscal del caso adscrito a la Dirección Nacional Especializada contra la Corrupción, que la exalcaldesa de Albania habría incurrido en delitos que involucran el erario y el dinero destinado para la alimentación de los menores de edad en este municipio del país.
“Los derechos de los menores están protegidos por la Carta Política y son derechos superiores contemplados en tratados internacionales,” subrayó el delegado acusador al respecto. Investigaciones previas Según la investigación que se hizo a Pinto, los hechos ocurrieron en el municipio de Albania (La Guajira) durante el año 2011, cuando diversos entes de control del departamento recibieron denuncias sobre las presuntas irregularidades en la gestión del alcalde de ese periodo, Yan Keller Hernández Herazo.
En avances de la investigación sobre los contratos celebrados por la alcaldía, se evidenciaron irregularidades en los convenios interadministrativos No. 008 y No. 004, con adición No. 001, que fueron suscritos con la ESE Hospital San Rafael de Albania, por un valor total de $18.600 millones de pesos, cuyo meta trazada era reducir la mortalidad infantil en el municipio.
Pero los convenios fueron ejecutados parcialmente, objetivo para el cual habían sido suscritos no se cumplieron a cabalidad. Por otro lado se estableció que en el proceso de ejecución de estos convenios se designaron diez coordinadores, quienes a su vez, subcontrataron con aproximadamente 1600 personas para la materialización de la mencionada obligación contractual.
Varios servidores públicos ya están siendo procesados por estos, entre ellos el exalcalde Yan Keller Hernández, (quien la defensa de Pinto argumenta que sus declaraciones no son verídicas) los cuales habían estado en el periodo de los convenios y 9 particulares que subcontrataron para la coordinación de los programas. $1 millón 200 mil pesos fue la suma que cada uno de los subcontratados presuntamente recibió para la ejecución, que consistía en dictar charlas y visitas a madres gestantes, lactantes y adelantar jornadas de vacunación.
Se encontró que entre estas personas habían algunos que tenían el perfil ni las cualidades y méritos requeridos para el desarrollo de los programas, como albañiles, mecánicos, técnicos en sistemas, entre otros; es decir personas con la capacidad de votar en dicho municipio, observándose que existió un trasfondo político, que habría consistido en invertir los recursos del municipio en la campaña política de la alcaldesa saliente.