Mientras la exalcaldesa de Manaure, Francisca Freyle Mengual, sale amparada en la figura de vencimientos de términos, al igual que su secretario Manuel Vergara Bermúdez, Dilcey Acosta Novelys, exsecretaria de Educación del Distrito de Riohacha, no cuenta con la misma suerte.
La exmandataria de Manaure, tenía medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria en ciudad natal, en un proceso que desde enero del 2015 llevó un Juez de Cartagena, en el que se les acusa irregularidades en un contrato de construcción de viviendas a indígenas de Manaure.
Hoy, su abogado Antonio Luis Amaya, se apegó a la ley 1760 de 2.015 y le solicitó al juez Primero Penal municipal que le concediera a su cobijada la libertad, siendo atendida su solicitud de tal modo que ya se encuentra disfrutando con su familia y allegados, pero sigue vinculada al proceso.
A Dilcey Acosta no le sonó la flauta
El abogado de la exsecretaria de Educación del Distrito de Riohacha, Dilcey Yensith Acosta Novelys, también pidió ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Riohacha, la libertad por vencimientos de términos, solicitud que le fue negada.
Acosta Novelys, es oriunda del corregimiento de Monguí y tiene un año de estar privada de su libertad al igual que el alcalde suspendido, por unas aparentes irregularidades en la contratación del Plan de Educación Escolar, Pae.
Con esta solicitud, ya son tres las veces que intenta obtener su libertad, Dilcey Yensith Acosta Novelys, quien se encuentra recluida en la capital del país en la penitenciaría el buen Pastor a la espera de que su abogado defensor argumente bien la solicitud.
Fabio Velásquez intenta nuevamente regresar al palacio distrital
Asimismo, una solicitud de libertad por vencimientos de términos también fue radicada en el Centro de Servicios Judiciales del palacio de Justicia, por el abogado del suspendido alcalde de Riohacha, Fabio David Velásquez.
El Mandatario estaría reclamando sus derechos, porque desde que la Fiscalía presentó el escrito de acusación hasta iniciar el juicio oral no debe sobrepasar el tiempo de 240 días, que se le aplica por tener la dignidad de funcionario público.
En caso de que resulte a su favor el Mandatario regresa a su despacho, pero también le espera la segunda instancia del fallo que le profirió la Procuraduría General de la Nación, en donde lo destituye del cargo.