La Nación deberá amparar su salud, educación y vivienda, además de garantizar su inscripción al Registro Único de Víctimas.
La Sección Quinta del Consejo de Estado amparó los derechos fundamentales del Resguardo Indígena Unuma Alto Vichada de Cumaribo y ordenó brindarles salud, educación, vivienda digna, identidad étnica y cultural.
Con ponencia de la magistrada Rocío Araújo Oñate, el alto tribunal ordenó al Estado crear mecanismos para permitirles “retornar al territorio colectivo del que fueron desplazados o a ser reubicados” por causa del conflicto armado.
La decisión ordenó que el Estado deberá garantizarles el proceso de inscripción en el Registro Único de Víctimas para que tengan acceso a las rutas de atención, asistencia y reparación integral.
En materia de salud, la Corte ordenó garantizarles la afiliación al sistema, realizar brigadas de salud integrales, proveer insumos, medicamentos y dispositivos médicos.
Además de “establecer mecanismos expeditos de autorización de traslados de urgencia”, habilitar puestos o esquemas de atención y crear políticas de prevención y atención en salud “que se ajusten a las condiciones y necesidades del resguardo y al tratamiento diferencial al que tienen derecho”.
En materia de educación se ordenó elaborar un modelo de prestación del servicio educativo que “cumpla los estándares y parámetros de enfoque diferencial y que brinde cobertura de la etnoenseñanza”, insumos, servicios complementarios de transporte y habilitar lugares o de esquemas para la enseñanza.
El Estado debe garantizar que la comunidad indígena acceda a los programas de subsidio de vivienda y a los en los programas socioeconómicos y productivos.