No podría revisar casos juzgados, ni resolver conflictos de competencia, ni tutelas ni extradiciones anteriores a su creación.
Un espaldarazo a la jurisdicción especial para la paz le dieron los magistrados de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, pero con algunos reparos. En reunión privada con el presidente Juan Manuel Santos, expusieron sus propuestas frente a la jurisdicción.
Dicen que los magistrados que juzguen a las Farc no deberán ser extranjeros, y que se debe establecer en 5 años el término de duración de la jurisdicción, "deberán ser prorrogables hasta en otro tanto y estipular como competencia del Comité de Selección de Magistrados la designación del Secretario Ejecutivo de la Jurisdicción Especial para La Paz", señaló el magistrado Gustavo Enrique Melo presidente de la Sala Penal de la Corte.
Dijo que "los conflictos de competencia que se generen entre las jurisdicciones ordinaria o militar con la jurisdicción especial para la paz deberá ser de conocimiento de la sala de casación penal de la corte suprema de justicia".
Además señaló que aunque comparten que el Tribunal Especial asuma y sea órgano de cierre en los asuntos relacionados al conflicto, ciertos casos deberán ser de conocimiento de la Sala de Casación de la Corte: "la resolución de los conflictos de competencia que se generen entre la jurisdicción ordinaria o militares o con la jurisdicción especial; la acción de revisión de los procesos penales donde exista cosa juzgada al entrar en vigencia la justicia transicional".
A la reunión, en la que fue entregada una carta oficializando las inquietudes dela Corte, asistieron la presidenta de la Corte Suprema, magistrada Margarita Cabello Blanco, el vicepresidente Rigoberto Echeverri, los presidentes de la sala Penal, Gustavo Malo; de la Laboral, Jorge Quiroz Alemán, y de la Civil, Álvaro Fernando García, y los 9 magistrados de la Sala Penal de la Corte.