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Vie, Mar

Caso de corrupción de España que salpica a Colombia obliga a dimitir funcionaria de Madrid

Judiciales - Nacional
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La compañía española Isabell II opera a través de Inassa el acueducto de varias ciudades de la región Caribe, entre ellas la Triple A de Barranquilla, y la recién liquidada Metroagua.

Esperanza Aguirre es la última víctima de la Operación Lezo. Quien fuera presidenta de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2012 dimitió porque asegura que no fue responsable de Ignacio González, su antiguo número dos en el cargo y posterior sucesor.

González fue detenido la semana pasada, junto con otras 11 personas, por su responsabilidad en el presunto desvío de fondos públicos a través del Canal de Isabel Segunda.

Esta empresa pública, que gestiona el acueducto de la capital española, habría utilizado su filial en Latinoamérica llamada Inassa para dichas operaciones. Esta compañía tiene representación en República Dominicana, Panamá, Colombia, Ecuador y Brasil.

Al igual que González, Edmundo Rodríguez, expresidente de Inassa, también fue enviado a prisión. Además, ambos aparecen en un vídeo de 2008 en Cartagena de India difundido por la Cadena SER. En las imágenes llevan unas bolsas plásticas que luego desaparecen

El centro de la investigación por parte de la Audiencia Nacional es la compra de la brasileña Emissio por parte de Inassa en 2013.

Dicha compra costó 31 millones de dólares y en dos años el valor de la empresa pasó a cinco millones.

Se cree que a través de operaciones como estas se habría desviado dinero para dirigentes políticos como González, del Partido Popular del presidente Mariano Rajoy.

Aquí en Colombia, Inassa tiene vínculos con Triple AAA, Metroagua y Asaa, compañías que gestionan servicios de alcantarillado en La Guajira, Magdalena y Atlántico.

Procuraduría investiga

La Procuraduría anunció la apertura de una indagación preliminar por los presuntos hechos de corrupción que envolverían a la empresa española Canal de Isabel II, quien tenía a su cargo la gestión del ciclo integral del agua en la comunidad de Madrid y en Colombia el 81.24% de las acciones de Inassa (Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios S.A.), con sede en Barranquilla.

Después de una investigación el Ministerio Público encontró presuntas irregularidades en los contratos relacionados a la prestación del servicio de agua y alcantarillado en Santa Marta, como “la ausencia de inversiones en las redes de acueducto y alcantarillado y el mal estado en que se encuentran las mismas”.

Igualmente señala que no habían razones para prorrogar por más de 20 años, “El contrato de arrendamiento y sus otrosíes que permitió la operación del servicio de acueducto y alcantarillado por más de 20 años a Metroagua, con cláusulas que afectaban al Distrito de Santa Marta como arrendador, toda vez que del 33% de la facturación bruta que se pactó como canon de arrendamiento inicial se pasó a un 2%”.

Y añade “se prorrogó el contrato y mediante el último otrosí, se acordó que el Distrito pagaría a Metroagua el valor de las “mejoras”, advirtiendo que la arrendataria seguiría operando las redes hasta que de mutuo acuerdo estuviera a paz y salvo con el Distrito por todo concepto.

La interpretación de la medida cautelar de la Superintendencia de Sociedades, decretada al interior de un proceso de responsabilidad societaria que Metroagua le inició al Distrito de Santa Marta, la cual le imposibilitaba a este último obtener información de Metroagua necesaria para garantizar la prestación del servicio.


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