Según la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, existe una gran dificultad para saber cuáles casos deben ser tratados por la justicia ordinaria y no por la jurisdicción especial indígena
El Consejo Superior de la Judicatura reveló que en los últimos 7 años se han incrementado los procesos relacionados con menores de edad indígenas que han sido abusados y que por lo tanto deben ser juzgados por la justicia ordinaria.
La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, evidenció que existe una gran dificultad para determinar cuáles casos deben ser tratados por la justicia ordinaria y no por la jurisdicción especial indígena.
Para el presidente de la Sala Disciplinaria, el magistrado Pedro Alonso Sanabria, los casos de abuso sexual en los que están involucrados niños indígenas merece la mayor atención y por lo tanto deben ser analizados y juzgados por la justicia ordinaria.
Reveló que, según las estadísticas, fueron enviados a la justicia ordinaria por lo menos 167 casos de menores indígenas que fueron víctimas de ‘acceso carnal violento’ situaciones que deben tener especial protección.
“Cuando entra en choque los derechos de las comunidades indígenas para gobernarse por sus propias normas, usos, costumbres y tradiciones por sobre todo, lo dice el artículo 44 de la Constitución, prevalecen los derechos de los menores”, señaló el magistrado Sanabria.
Luis Fernando Arias, consejero Mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), advirtió que ellos aplican sanciones ejemplares cuando se tratan de delitos contra menores de edad.
Según el líder indígena, los niños simbolizan el presente y el futuro de sus tradiciones y pueblos que están en peligro de desaparecer.
“La Jurisdicción Especial Indígena es idónea, responsable y sobre todo, vela por la integridad y por la salvaguarda de niños y niñas, especialmente de nuestros hijos, que son el presente y el futuro de la diversidad étnica cultural de la Nación colombiana”, aseguró el vocero de la Onic.
Contrario a lo que advierte el Consejo Superior de la Judicatura sobre la aplicación de la justicia cuando las víctimas sean menores de edad, la Onic explicó que cuentan con sanciones ejemplarizantes que establecen penas privativas de la libertad y castigos físicos, dependiendo de la comunidad indígena.
“Hemos tenido casos que se han establecido penas que van desde 20 a 40 años por este tipo de abusos (...) Son penas que se cumplen en centros carcelarios prestados a través de convenios con el Inpec”, señaló el líder indígena.
Frente a las decisiones de la Judicatura para intervenir en estos casos, consideró que son acciones que cada día más atentan contra la independencia de quienes son protegidos constitucionalmente.
“Nosotros creemos que los pueblos indígenas tienen toda la idoneidad para poder administrar justicia, lo que requerimos del Estado es todo el apoyo, fortalecimiento técnico, administrativo y la coordinación entre las autoridades judiciales y ordinarias”, agregó el vocero de la Onic.