La proposición fue entregada en la Secretaría de la Cámara de Representantes.
Un proyecto de ley contra la corrupción radió ayer en la Cámara de Representantes el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, el cual contiene medidas para sancionar eficazmente el delito y herramientas procesales para facilitar la investigación y judicialización de los corruptos.
La propuesta de la Fiscalía General de Nación busca que, a través de una ley, se actualice los procedimientos para enfrentar y castigar las formas de corrupción existentes y las que han sido descubiertas en los últimos meses.
Sanciones por gravedad
Asimismo, el proyecto de ley se encarga de establecer sanciones en función de la gravedad del delito, de las que se carece en la actualidad, haciendo irrelevante la lesividad de la conducta.
Frente a los fenómenos que se han venido advirtiendo que afectan la administración de justicia, el ente acusador propone tipificar como delito autónomo la manipulación del reparto judicial, imponer pena privativa de la libertad para la violación de la reserva judicial y aumentar las penas para que el poder disuasivo de las mismas sea más efectivo.
Sobre la financiación de las campañas y nuevos instrumentos procesales, la Fiscalía advierte la necesidad de introducir algunas reformas.
Estas son las medidas que propone la Fiscalía:
- En primer término, la medida propone la penalización de nuevas formas de criminalidad o adecuaciones de los delitos existentes frente a la gravedad de las conductas que hoy no tienen sanciones condignas.
- Se penaliza la omisión de denuncia cuando los particulares no adviertan de delitos de corrupción de los que tengan conocimiento.
- Se sanciona a las personas que sirvan de testaferros, es decir, que presten su nombre para adquirir u ocultar bienes con dineros procedentes de la corrupción.
- Se penaliza a los profesionales (contadores, revisores y jefes de control interno) que presten sus servicios para evitar la identificación o rastreo de propiedades o dinero que tengan origen ilícitos.
- Contadores, revisores y jefes de control interno que sospechen de un acto de corrupción, en desempeño de sus funciones, deberán reportarlo a la UIAF. De no hacerlo estarán expuestos a penas que van entre los tres (3) y seis (6) años de cárcel.
- Se tipifica como concierto para delinquir agravado las actuaciones articuladas contra la administración pública o que afecten el patrimonio del Estado. En este punto, además de multas, se propone cárcel de 8 a 18 años.
- Se proponen penas privativas de la libertad para los delitos en los que se divulguen documentos e información reservada, o se utilice indebidamente información privilegiada o asunto sometido a reserva, que en la actualidad son sancionados con multa.