El juez Olimpo Castaño de Justicia y paz ordenó la libertad condicional de alias Karina, excomandante del frente 47 de las Farc. Las víctimas han rechazado la decisión.
El magistrado de la Sala de Justicia Transicional del Tribunal Superior de Antioquia, Olimpo Castaño, sustituyó la medida de aseguramiento carcelario por una no privativa de la libertad a Elda Neyis Mosquera García, alias Karina, implicada en al menos cien masacres, tomas guerrilleras, secuestros y desapariciones forzadas.
A través de videollamada, la exguerrillera de las Farc participó en la diligencia judicial desde su reclusión en la Brigasa 17 del Ejército en Carepa, Urabá antioqueño.
El abogado defensor, Jorge Iván Duque, argumentó que la postulada ha tenido una conducta ejemplar durante su detención, al culminar estudios de modistería e informática y no tener llamados de atención. Ha sido gestora de paz para impulsar la desmovilización y ha contribuido al esclarecimiento de la verdad a través de las confesiones.
La defensa reiteró que alias Karina entregó 13 bienes inmuebles de las Farc para la reparación de las víctimas, que serían al menos 4 mil 500 en Antioquia, Caldas, Risaralda y Chocó. Además, no continuó delinquiendo después de su desmovilización y cumplió la pena alternativa de 8 años de prisión.
La Fiscalía y la Procuraduría avalaron la solicitud de la defensa al considerar que concurren todos los elementos para sustituir la medida de aseguramiento, pero le recordó a la excabecilla del frente 47 de las Farc que debe continuar vinculada a las versiones libres.
Desde Manizales, representantes de las víctimas se opusieron “rotundamente” a la libertad de la postulada, al advertir que Mosquera García no ha reparado los daños materiales de los afectados de la toma guerrillera en Montebello y la Arboleda, Caldas, y tampoco ha dicho la verdad a los sobrevivientes. Lo calificaron como una “burla” a las víctimas del conflicto.
Así las cosas, el magistrado le prohibió a alias “Karina” salir país, tener contacto con las víctimas de las Farc, portar armas de fuego y asistir a fiestas que no sean familiares. Le ordenó informar su lugar de residencia, asistir a las audiencias y tener una “vida austera“.
La postulada recobraría la libertad en los próximos 30 días, pues el magistrado declaró “desierta” la apelación de las víctimas al considerar que los argumentos fueron “precarios y débiles“.