A las 9:17 a.m. de este viernes, 16 de marzo, el juzgado décimo de conocimiento de Bogotá escuchó atentamente el escrito de acusación que la Fiscalía le tenía preparado al exmagistrado Francisco Javier Ricaurte, quien en septiembre del año pasado fue capturado por, supuestamente, ser uno de los cerebros del sonado caso del cartel de la toga.
El documento, que tuvo una modificación y una adición que la Fiscalía precisó, señala que el magistrado de la Sala Laboral de la Corte Suprema, junto al exmagistrado José Leonidas Bustos, el magistrado Gustavo Malo y a los abogados Luis Gustavo Moreno y Leonardo Pinilla, "dirigieron una organización criminal (...) dedicada a cometer delitos indeterminados que afectaron la seguridad pública y la administración pública". Esta organización, de acuerdo con el fiscal, se realizaba en la casa del exmagistrado la de Bustos, lugares públicos como hoteles y restaurantes, y espacios en el exterior.
"La manera de manejar los procesos era diversa e incluía estrategias como conseguir y utilizar la información privilegia que obtenían de los procesos, retardar los trámites, instrumentalizar medios de comunicación para restar credibilidad a testigos, alteración de evidencias, todo con el objetivo de obtener decisiones con apariencia de legalidad que favorecían a los que ellos denominaban sus 'clientes'", precisó el organismo investigativo en la sala 408 de los juzgados de Paloquemao. Frente este hecho, el exmagistrado le pidió la fiscal Jaime Camacho precisar qué medios de comunicación fueron “instrumentalizados”, así como los nombres de periodistas y qué testigos se le restaron credibilidad. Sin embargo, el fiscal delegado ante la Corte Suprema dijo que ese era uno de los métodos que utilizaba dicha organización.
Francisco Javier Ricaurte enfrentará un juicio por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio, tráfico de influencias de particular y utilización indebida de información privilegiada. Cargos que el exmagistrado negó. En el escrito de acusación también señala los casos en los que supuestamente el exmagistrado participó. (Le también: Así era Francisco Ricaurte cuando estaba en la Corte Suprema)
El primer caso es del congresista liberal Álvaro Antonio Ashton, quien tenía una indagación preliminar abierta en el alto tribunal por supuestos nexos con grupos paramilitares. Con el propósito de evitar de que la Corte abriera formalmente una investigación, Ashton se comunicó en 2013 con Ricaurte y, “aprovechando la relación cercana”, acordaron, el principio, $1.200 millones para archivar esta investigación. Pero como esta no se materializó, optaron por relevar del cargo al exmagistrado de José Reyes Rodríguez, exmagistrado auxiliar que había propuesto apertura de instrucción.