El caso del exmilitar también lo estudió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En esa ocasión, el tribunal internacional condenó al Estado por la tortura de Wilson Gutiérrez Soler en medio de un operativo policial.
La Corte Suprema de Justicia confirmó la absolución del coronel (r) Luis Gonzaga Enciso por la tortura cometida contra Wilson Gutiérrez Soler en 1994, cuando Gonzaga se desempeñaba como comandante del grupo Unase (Grupo Antiextorsión y Antisecuestro). Por este mismo caso, el Estado colombiano fue condenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, “en razón de las torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes de los cuales fue objeto cuando se encontraba bajo la custodia del Estado”.
Bajo la ponencia del magistrado Luis Guillermo Salazar, el alto tribunal determinó que no hay evidencia de que Gonzaga Enciso es autor del hecho. Esto a partir de las pruebas recaudadas a lo largo de toda la investigación. Para la Corte, esta valoración resulta diferente a la que hizo la CIDH en su momento, ya que la Cidh juzgó al Estado como tal y no al coronel. No obstante, la corporación “no desconoce ni controvierte la sentencia de la Corte Interamericana”.
“Para la sala no pasa inadvertido el carácter definitivo e inapelable de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a la obligación impuesta al Estado Colombiano, para que a través de la autoridad competente investigue efectivamente el hecho, identifique y juzgue al responsable o responsables”, señala la sentencia del alto tribunal.
Los hechos ocurrieron el 24 de agosto de 1994 cuando se dio la captura de Wilson Gutiérrez Soler por parte del grupo Unase Según la investigación de las autoridades, Gutiérrez participó de un soborno de $3 millones a una empresa llamada Grupo Dalhon Ltda. Tras la captura, los uniformados condujeron a Gutiérrez a las instalaciones de la unidad y allí lo torturaron quemándole sus genitales e introduciendo objetos en sus partes íntimas, según relató la víctima.
Wilson Gutiérrez Soler denunció lo sucedido y el 7 de febrero 1995 se vinculó al militar al caso. El 25 de noviembre de 1997, el coronel (r) fue enviado a la cárcel por el delito de lesiones personales con perturbación psíquica. No obstante, el juzgado de primera instancia revocó la medida de aseguramiento en 1998, lo cual fue confirmado por el Tribunal Superior Militar.
Finalmente, el alto tribunal señala que existe la obligación de investigar y juzgar a los autores del tal crimen, más no la de “condenar ineludiblemente a quien es vinculado al proceso” debido a que se requiere de material probatorio suficiente para ello.