En un comunicado firmado por diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos, se solicita a la Corte Constitucional que analice la influencia del Estado en movimientos paramilitares.
Ante la Corte Constitucional, varias organizaciones defensoras de derechos humanos solicitaron que se tenga en cuenta la inferencia del Estado en actos perpetrados por grupos paramilitares a lo largo de la historia de la guerra colombiana.
"Es importante que se transmita el mensaje de 'cero tolerancia' estatal con el paramilitarismo, (la) investigación de posibles vínculos del Estado y de aquellos agentes que colaboren con los mismos y la desarticulación de las economías legales e ilegales que les financian”. Con estas palabras, varias organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos le solictaron a la Corte Constitucional que de vía libre a la reforma constitucional con la que se prohibió el paramilitarismo, pero dejando en claro un elemento: la responsabilidad que tendría el del Estado en la violencia paramilitar de Colombia.
La reforma aprobada a finales del año pasado vía fast track por el Congreso prohíbe el paramilitarismo y el surgimiento de cualquier grupo armado al margen de la ley, y está en revisión en el alto tribunal.
En un documento firmado por el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice; la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, CSPP; y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, se solicita que no se entienda el paramilitarismo como un tercer actor del conflicto armado, sino que haga una mención expresa al apoyo institucional que habría tenido este fenómeno en el país.
Pliego de 53 paginas
Las víctimas y las organizaciones mencionan, en un texto de 53 páginas, la importancia de caracterizar lo que ellos denominan como "violencia sociopolítica". Un concepto que hace referencia a los “actos de agentes estatales cometidos deliberadamente contra ciertos sectores de la población con una finalidad política, que no guarda una relación directa con la lucha contra insurgente, sino que ésta última fue su excusa para encubrir sus móviles como el mantenimiento de un determinado orden social, económico y político”.
En la petición enviada a la Corte Constitucional se plantea la necesidad de separar esa violencia sociopolítica que, aunque se desarrolló en medio de un contexto de conflicto armado, tiene implicaciones diferentes. En ese sentido, dicen que enmarcar todos los hechos de violencia cometidos en el país dentro del conflicto armado puede generar que se diluya la responsabilidad del Estado en actos de violencia y violaciones a los derechos humanos. En su criterio, además, no contribuye a la construcción de memoria histórica, y permite que ese tipo de violencia siga afectando a grupos vulnerables como líderes sociales y que se atribuyan esas muertes a otros grupos, como las bandas criminales.