La celebración indebida de contratos, la inasistencia alimentaria y violencia intrafamiliar fueron los delitos más cometidos.
La Fiscalía General de la Nación reveló que al rededor del 10% del Congreso de la República que culmina este periodo legislativo, terminó siendo objeto de compulsas de copias para que la Corte Suprema de Justicia los investigue por actos de corrupción.
De acuerdo con la Fiscalía, se encontraron elementos de juicio para que se avance en las investigaciones penales contra un total de 22 congresistas que estaban en el ejercicio de sus cargos para el momento de la comisión de los delitos.
El propio fiscal general, Néstor Humberto Martínez, confirmó que los investigadores establecieron una inferencia razonable sobre este grupo de congresistas en la comisión de actos de corrupción en materia electoral, contratación pública, irregularidades en casos de salud, constreñimiento a servidores públicos, en la justicia y en los llamados cupos indicativos.
"Un total 22 congresistas de un congreso de un poco más de 200 personas, lo que significa que el 10 % de los miembros de las cámaras parlamentarias terminaron comprometidos en procesos de naturaleza penal a partir de investigaciones por corrupción", dijo el fiscal.
Los tres delitos más cometidos
En otro informe, la Fiscalía llamó la atención que de lo más de 4 mil candidatos políticos que aspiraron al Congreso de la República que se posisionaron ayer, un total de 800 de estos aspirantes al Senado y a la Cámara de Representantes tenían procesos penales activos en la Fiscalía General.
Estos registros judiciales permitieron a la Fiscalía realizar un ranking de las tres conductas criminales más cometidas por estos políticos, dejando al descubierto que 82 de los procesos eran por el delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, 81 casos por denuncias sobre inasistencia alimentaria y 49 expedientes por violencia intrafamiliar.
Según la Fiscalía estas investigaciones deben conllevar a que se haga una reflexión sobre la majestad que se ejerce en esos cargos y la responsabilidad que deben asumir los nuevos representantes en el Congreso para evitar verse envueltos en delitos por actos de corrupción que empañan la misión para la cual fueron elegidos a través del voto popular.