Pese al esfuerzo de las autoridades que con resultados como la captura de más de 200 integrantes de las 'bandas criminales 'generaron un alivio a la crisis de derechos humanos en Buenaventura, el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, volvió a prender las alarmas y les formuló un urgente llamado para que refuercen las medidas encaminadas a proteger la vida e integridad de los habitantes en ese puerto del Pacífico colombiano, ante el preocupante recrudecimiento de la violencia.
En una visita reciente de funcionarios adscritos al Sistema de Alertas Tempranas de la Institución, se conocieron varios casos de desaparición y tortura, algunos de los cuales terminaron con la muerte de estos ciudadanos, conforme los hallazgos realizados durante las últimas semanas por parte del CTI de la Fiscalía en el barrio El Progreso de la comuna 10.
Entre los casos reportados a la Defensoría del Pueblo aparece el de un joven ayudante de bus, quien había sido amenazado por los grupos ilegales con presencia en la ciudad; también está el registro de dos hombres que trabajaban en el sector de la construcción, y que al parecer cruzaron las llamadas "fronteras invisibles" creadas por los grupos post desmovilizados en esa zona. También fue reportada la desaparición de una mujer cabeza de familia dedicada a la minería artesanal, y cuyo paradero se desconoce desde el 29 de diciembre del año pasado, situación que se repite con un joven de 21 años que fue visto por última vez cuando era conducido por 5 sujetos en inmediaciones del barrio Caldas. Preocupa particularmente el caso de una niña de tan solo 8 años, cuya desaparición fue reportada desde el 6 de octubre de 2014, sin que haya noticia de ella.
En su visita de campo, la Defensoría del Pueblo fue informada sobre tres casos de personas secuestradas y torturadas por presuntos miembros de "Los Urabeños", una de las cuales logró escapar de sus victimarios, en tanto que las otras dos fueron rescatadas oportunamente por las autoridades. Estos episodios pusieron al descubierto el regreso de las tristemente célebres "casas de pique" y la aplicación de métodos salvajes como la electrocución para agredir a quienes son declarados objetivo militar.
Llama la atención que en uno de los operativos realizados por el Gaula de la Armada Nacional, fueron capturados cuatro adolescentes con edades entre los 14 y los 16 años, lo cual confirma las advertencias de la Defensoría respecto al reclutamiento forzado, utilización y criminalización de niños y niñas en esa región del país.
Además de las muertes violentas y las desapariciones, persisten modalidades delincuenciales como las amenazas y la extorsión. De hecho, en desarrollo del trabajo realizado por el Sistema de Alertas Tempranas, se conoció información en proceso de verificación, según la cual Jhonatan Cuellar Mosquera, conocido como "El Bola", y quien fue capturado en marzo del año pasado por la Policía Nacional, habría recobrado la libertad hace pocos meses, y estaría al frente del boleteo a comerciantes.
De acuerdo con la información oficial suministrada por el CTI de la Fiscalía, durante 2014 se presentaron 44 casos de desaparición, frente a 78 de 2013; en tanto que según cifras de Medicina Legal el año pasado hubo 153 homicidios en Buenaventura respecto a 195 en el 2013, lo cual si bien refleja una disminución, no implica menguar la intensidad de las estrategias en materia de seguridad y asistencia social.
La Defensoría del Pueblo ha emitido 21 informes de riesgo sobre la situación de derechos humanos en Buenaventura, destacándose los seis últimos documentos de advertencia generados por el Sistema de Alertas Tempranas, el más reciente de los cuales tiene alerta vigente por parte del Ministerio del Interior, y será objeto de actualización a través de una nota de seguimiento en las próximas semanas ante el persistente escenario de riesgo en el Puerto. El Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, quien ha realizado 19 pronunciamientos públicos sobre la situación de Buenaventura desde el 15 de noviembre de 2012, cuando encabezó la primera de las siete visitas que ha realizado a la región, envió oficios al Ministro de Defensa y al Director de la Policía Nacional el pasado 19 de Enero, alertando sobre el escalamiento de la violencia y las infracciones a los derechos humanos.
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Vie, Abr