En un comunicado que fue leído por la magistrada Martha Teresa Briceño, el Consejo de Estado hace fuertes críticas a la reforma al equilibrio de poderes.
Señala entre otras cosa, que “el proyecto de reforma en relación con la justicia es insuficiente, en la medida en que no plantea soluciones a problemas esenciales de la Rama Judicial como el presupuesto, la descongestión”.
“El proyecto de reforma es una iniciativa reactiva y coyuntural que pretende ofrecer respuestas a la opinión frente a situaciones críticas ocurridas en los últimos meses, lo que genera que las distintas soluciones que se proponen no hayan sido suficientemente sustentadas y analizadas. La experiencia indica que las reformas de coyuntura no resultan convenientes, en tanto pueden ser el resultado de la improvisación”, señaló la magistrada Bermúdez.
Señala el Consejo de Estado que “propone crear una Misión Justicia para que elabore un proyecto integral de reforma constitucional que contemple los aspectos profundos de la Justicia en Colombia”.
Este es el comunicado completo del Consejo de Estado:
La Sala Plena del Consejo de Estado frente al proyecto de Reforma de Equilibrio de Poderes que actualmente cursa en el Congreso de la República,
MANIFIESTA:
1. El proyecto de reforma es una iniciativa reactiva y coyuntural que pretende ofrecer respuestas a la opinión frente a situaciones críticas ocurridas en los últimos meses, lo que genera que las distintas soluciones que se proponen no hayan sido suficientemente sustentadas y analizadas. La experiencia indica que las reformas de coyuntura no resultan convenientes, en tanto pueden ser el resultado de la improvisación.
2. Afecta de manera significativa la estructura establecida por el Constituyente de 1991, lo que podría implicar una sustitución a la Constitución. Además, no guarda una unidad de materia, puesto que mezcla asuntos estrictamente políticos de carácter electoral o partidista con una reforma en la estructura y organización de la justicia.
3. El proyecto de reforma en relación con la justicia es insuficiente, en la medida en que no plantea soluciones a problemas esenciales de la Rama Judicial como el presupuesto, la descongestión, mayor acceso a la justicia, seguridad jurídica, etc., lo que hace que resulte inconveniente.
4. La Corporación apoya la idea de eliminar las funciones electorales de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, pero observa con gran preocupación la forma como se asumen dichas competencias por las otras ramas del Poder Público, lo cual podría generar una concentración y un desequilibrio de poderes.
5. Está de acuerdo con que los magistrados de Alta Corte tengan un juez independiente, imparcial y eficaz, del más alto nivel, para controlar y sancionar las conductas reprochables de los magistrados, que dé confianza a la ciudadanía y fortalezca la democracia, pero considera que la Comisión de Aforados que contempla el proyecto no cambia en nada el sistema actual, puesto que jueces de naturaleza política (Congresistas) van a juzgar causas comunes y netamente jurídicas, como sucede hoy en día, lo que ha sido en parte una de las tantas razones de la crisis del juzgamiento de los actuales aforados.
6. Rechaza la posibilidad de que sea el Ejecutivo el que asume la potestad de nombrar a los jueces disciplinarios de las Altas Cortes -así sea por primera vez-, pues esto no constituye una forma democrática normal ni natural de empezar el nuevo régimen disciplinario.
7. Apoya una reforma radical del Consejo de Superior de la Judicatura, con la división entre funciones de gobierno, administración judicial y función disciplinaria, pero no comparte la estructura propuesta desde la perspectiva de eficiencia y eficacia que se persigue.
8. Estima saludable la precisión que se propone al artículo 126 de la Carta Política, con la cual se recoge la jurisprudencia del Consejo de Estado en el sentido de censurar la nociva práctica denominada “yo te elijo tú me eliges”, lo cual resulta benéfico para la transparencia y la igualdad en el acceso a los cargos públicos.
9. Respalda las propuestas encaminadas a reforzar los requisitos de acceso de quienes ostentan la dignidad de impartir justicia, las inhabilidades y restricciones que eleven su condición moral y su forma de elección.
10. No está de acuerdo con las medidas tendientes a imponer límites temporales a la competencia que tiene la Corporación para la elección de sus integrantes, con la finalidad de asignarle la función a otro organismo externo, por cuanto estima que vulnera la independencia y autonomía de la Rama Judicial y trastoca el funcionamiento interno de las Altas Cortes. Con el fin de conjurar las dificultades en materia de elecciones de sus magistrados, esta Corporación está en el proceso de modificar su reglamento interno para acelerar esta actividad.
11. Considera que para una real y efectiva autonomía e independencia de la Rama Judicial se requiere una disposición constitucional que establezca un porcentaje mínimo de participación en el presupuesto general de la Nación no inferior al 5% y diferente del asignado a la Fiscalía General de la Nación, de conformidad con los estándares internacionales y rechaza las medidas de todo orden tendiente a limitar la ejecución del presupuesto asignado a la Rama Judicial.
12. Por lo anterior, el Consejo de Estado propone crear una Misión Justicia para que elabore un proyecto integral de reforma constitucional que contemple los aspectos profundos de la Justicia en Colombia.
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Vie, Abr
