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Mar, Abr

La Fiscalía pedirá cárcel para el Gobernador de Chocó

Judiciales - Local
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La Fiscalía General citó a audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento al actual gobernador del Chocó, Efrén Palacios Serna, por las irregularidades en la celebración de contratos que desfalcaron al sector de la salud en el departamento por 4 mil millones de pesos.

El mandatario departamental deberá responder por los delitos de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legtales, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento público. Según la investigación el dinero se habría utilizado para pagar deudas de su campaña política.

El vicefiscal General, Jorge Fernando Perdomo, aseguró que el Gobernador "habría utilizado de manera indebida recursos del sistema de seguridad social para el pago de créditos de su campaña política. Recursos que habrían debido destinado a la compra de medicamentos para población vulnerable":
"El departamento del Chocó a través de la Secretaria de Salud celebró contratos de prestación de servicios para el suministro de medicamentos POS y no POS para población vulnerable. En el trámite y clerbación de estos contratos, es la hipótesis de la Fiscalía, se violaron los procesos de contratación pública porque se inoserbaron requisitos legales escenciales", precisó.

Según la investigación, para estas actividades ilegales el mandatario departamental contó con la participación de varios funcionarios de su administración para la celebración irregular de estos contratos. Por estos hechos ya se presentaron varias imputaciones y en los próximos días se adelantarán otras audiencias.

“A pesar que el señor Gobernador conocía que los servicios no habían sido prestados, que los pacientes no habían acudido al sistema de salud para darle apariencia de legalidad requirió la expedición de certificados de auditoria médica por un funcionario designado e hizo efectivo el pago”, precisó.

Las pruebas recolectadas, explicó el Vicefiscal General, permiten inferir que en la actividad contractual existió una participación directa del Gobernador. “Al constituir la red de prestación de servicios era consciente que la única finalidad era apropiar los recursos del erario para retribuir los gastos de su campaña”. La diligencia se adelantará el próximo 3 de diciembre ante el Tribunal Superior de Bogotá.