La decisión que tomó una sala de conjueces del Consejo de Estado, que el pasado 12 de mayo le abrió la puerta a Alberto Rojas Ríos para volver a ser magistrado de la Corte Constitucional será sometida a revisión del alto tribunal.
El 31 de julio la tutela fue seleccionada para revisión y el pasado martes el caso le fue repartido al expresidente de la Corte, Gabriel Eduardo Mendoza, quien deberá decidir si cuando el Consejo de Estado anuló la elección de Rojas Ríos se le violó algún derecho. A Alberto Rojas se le señala de ser uno de los hombres cercanos al cuestionado magistrado Jorge Pretetl, investigado por el escándalo de un soborno de $500 millones de pesos para que la Corte fallara una tutela a favor de Fidupetrol.
Curiosamente este escándalo se conoció cuando el abogado barranquillero Víctor Patiño le contó a Gabriel Mendoza que Jorge Pretelt le había pedido $500 millones para que Mauricio González fallara a favor de la fiduciaria que él representaba.
Rojas Ríos en su tutela reclama la protección de sus derechos al debido proceso, acceso a la administración de justicia, participación, conformación, ejercicio y control del poder político.
Se elección como magistrado de la Corte había sido anulada por el Consejo de Estado con el argumento de que cuando fue elegido se violó la obligación de mantener en reserva el sentido del voto.
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