La empresa minera declaró que aceptaba la decisión de la Corte Constitucional que falló a favor una tutela interpuesta por la comunidad del Media Luna 2
Desde el año 2010 la empresa “incluyó dentro del proyecto la ejecución de tres obras en su operación en Puerto Bolívar: el aumento del volumen de dragado del canal navegable, la construcción de un muelle de remolcadores y la ampliación de la capacidad de la planta desalinizadora de agua“. Agregaron que en 2012, enviaron una comunicación formal al Ministerio del Interior mediante la cual se hizo la solicitud de la certificación de presencia de comunidades étnicas dentro del área de influencia directa del proyecto.
El Ministerio, realizó el respectivo estudio del caso y en el 2013 certificaron la no presencia de comunidades que pudieran verse afectadas por el desarrollo de las obras. “Copia de dicha certificación se remitió a la ANLA para ser tenida en cuenta dentro del proceso de licenciamiento“, aseveró. Por otro lado, la comunidad de Media Luna 2 decidió presentar una acción de tutela en la que solicitaron que se adelantara la consulta previa la cual fue concedida, en primera instancia, por el Consejo Seccional de la Judicatura de La Guajira y posteriormente revocada, en segunda instancia, por el Consejo Superior de la Judicatura.
La Corte Constitucional, en fallo de revisión, tomó la decisión de tutelar el derecho a la consulta previa de la comunidad de Media Luna 2 sobre las tres obras en puerto y dejar sin efecto la Resolución de la ANLA por la cual dichas obras fueron autorizadas, hasta que se adelante el proceso de consulta. “Por otro lado, se ordenó a la ANLA la revisión del Plan de Manejo Ambiental de la compañía y a Cerrejón la elaboración de un plan de mitigación”, agregó la empresa.
Por último, la compañía sostuvo que se puso “a disposición del Ministerio del Interior para desarrollar el respectivo proceso de consulta previa con la comunidad de Media Luna 2, respecto de esta obra”.
