Mientras los taxistas de Riohacha realizaban una caravana por las principales vías de la ciudad, la Alcaldía del Distrito Turístico y Cultural estuvo tomada por padres de familia y maestros de la educación contratada, quienes exigen no les cierren los colegios.
La punta de lanza para esta protesta la originó la visita que hicieron ayer 6 de junio los funcionarios de la administración local, Personería, Policía de Infancia y la Gerencia de la Interventoría de la Educativa del Ministerio de Educación Nacional para que cesen sus actividades.
Esto porque están actuando bajo la ilegalidad, porque no son ni serán contratados este año.
El problema estalló en días pasados (5 de mayo), cuando la Administradora Temporal de la Educación estableció que no podía seguir funcionando de esa manera porque había pupitres desocupados en algunas instituciones educativas de la capital de La Guajira.
De acuerdo con el veedor de la Educación Contratada, Víctor Martínez Gutiérrez, “tratamos que se respete la educación a estos 3.500 niños, que están en 14 sedes en la ciudad, donde un 90 por ciento son víctimas del conflictos y ahora salen que serán reubicados porque hay cupos disponibles".
Los colegios iniciaron sus labores el 25 de enero y mientras el Remedios Catalina de Amaya, Reca, alistaba los contratos a los 144 profesores, las matrículas con los niños y niñas luego llega la determinación de no continuar el sistema que se venía aplicando.
Por su parte, el profesor Jairo Guerrero Paternina, explicó “junto con los padres de familia queremos que los niños sigan en su entorno, no sean llevados y traídos diariamente a instituciones distantes, que provoca traumatismo, que la alcaldesa (Isseth Barros Brito) con la Interventoría del Ministerio de Educación sean quienes nos permitan seguir en nuestros barrios, que son de estratos 1, y más bien construyan los colegios oficiales en las diferentes comunas que es lo que se necesita”.
La educación contrata viene funcionando en Riohacha desde hace doce años y solo ahora la Administración Temporal de la Educación, quiere acabar sin poder instalar los alumnos para que sigan sus estudios y de matricularlos en otros planteles educativos les faltaría transporte y la alimentación.