La Defensoría del Pueblo Regional de La Guajira le viene haciendo acompañamiento a la Edil Miriam Castrillo Moscote para verificar el cumplimiento de las órdenes judiciales impartidas en la sentencia de la Acción Popular, del 13 de febrero del 2004 emanada del Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira.
En el fallo, se obliga tanto al Departamento como el Municipio de Riohacha a construir previo estudios, un muro de contención o espolón para la solución definitiva de los problemas de erosión causados por las olas del mar en el sector comprendido entre la calle 10 con carrera 20 hasta la calle 11 con carreras 21 a la 23 del barrio José Antonio Galán.
Esta construcción es para prevenir "el peligro o amenaza que se cierne sobre los habitantes del sector y brindar la protección del mencionado derecho de interés colectivo", asegura la sentencia.
En virtud de lo anterior la Defensoría le ha solicitado a Isseth Tatiana Barros Brito, alcaldesa encargada del Distrito, para que a través del medio más expedito informe las actuaciones que ha desplegado para garantizar el cumplimiento de dichas órdenes judiciales.
Esta solicitud se hace necesaria, si se tiene en cuenta, advierte la Defensora Regional de La Guajira, Soroya Escobar Arregoces, porque la agencia del fallo otorgó para el cumplimiento de la misma, 6 meses siguiente a la notificación de la sentencia.
"Y que cabe resaltar que es del 13 de febrero del 2004, la cual ya fue objeto de incidente de desacato a través de providencia de fecha 30 de noviembre del 2011", indicó Escobar Arregoces, en su comunicación. Finalmente, manifiesta la Defensoría manifiesta en su comunicación que el presente requerimiento debe ser resuelto en el término de cinco días hábiles después de haber recibido esta comunicación. El documento fue recibido el pasado 12 de septiembre del 2017 y Castrillo Moscote, Edil de la Comuna 3 de Riohacha, espera que la situación sea resuelta lo más pronto.
