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Jue, Mar

La reculada del Gerente de la Contraloría Nacional seccional Guajira

Municipio
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El 27 de agosto de 2017, Jeison Mario Bermúdez Benjumea llevó una denuncia a la Gerencia de la Contraloría Nacional seccional Guajira, porque desde su saber y entender, en el departamento de La Guajira se estaban cometiendo una serie de irregularidades.

 

Dos días después, José Jaime Vega Vence, gerente de la Contraloría Nacional seccional Guajira, le contestó argumentándole que después de analizada y evaluada su solicitud se determinó que el “ente de control no tiene competencia para dar respuesta a su petición, ni las facultades legales para realizar tal intervención en los asuntos propios de los miembros de la comunidad indígena.

Por lo anterior y de conformidad con lo previsto en el numeral 4.6 del procedimiento 5.1 de atención de derecho de Petición, se procedió al archivo de la presente solicitud en el Sistema para la Participación Ciudadana ‘Sipar’”.

Sin embargo, Bermúdez Benjumea sospechaba que podría haber una manguala entre entidades del Estado en el departamento de La Guajira, que estarían cuidándole la espalda al gobernador de ese entonces, Weilder Guerra Cúrvelo.

El denunciante es un Contador Público oriundo del municipio de San Juan del Cesar, pero radicado en Bogotá, con una vasta experiencia en el quehacer público y también radicó la misma denuncia ante el presidente Juan Manuel Santos.

En ese sentido, el Jefe de Estado de los colombianos a través de sus asesores le enviaron la comunicación a José Jaime Vega Vence, gerente de la Contraloría Nacional seccional Guajira y éste a su vez le comunicó a Jeison Mario Bermúdez Benjumea lo siguiente:

“Que los hechos puestos por usted en conocimiento de la Presidencia de la República y remitido a esta entidad por competencia, mediante el cual presenta denuncia por presunto abuso por contratación directa en la Gobernación de La Guajira y el gobernador Weilder Guerra Cúrvelo, luego de analizada y evaluada se clasificó como denuncia”.

El mentado documento se radicó en el Sistema para la Participación Ciudadana ‘Sipar’ y se procedió a su traslado a la Coordinación de Vigilancia Fiscal de la Gerencia Departamental para que surtan las actuaciones correspondientes.

Finalmente, el Gerente de la Contraloría le hace saber al Denunciante que esta investigación tiene un término máximo de 6 meses, fecha que se cumple este 30 abril.



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