Una investigación inició la Fiscalía General de la Nación para determinar las posibles irregularidades que se vienen presentando en la Terminal de Transporte de Riohacha, con respecto a la firma de un convenio entre el Distrito y la fundación Emprendedor Social.
En ese sentido, la Fiscalía 006 tiene a cargo la investigación preliminar que de manera intempestiva, sus investigadores llegaron a la dirección de Servicios Públicos del Distrito, a cargo de Eugenio Benjumea Argote y se llevaron copias de la documentación de dicho convenio.
Asimismo, inspeccionaron la oficina de la fundación Emprendedor Social, a cargo Manuel Ibáñez Valle y quien también fue interrogado. También llamaron a declarar a los empleados de la Terminal de Transporte y ellos son: Hiroldo Zapata, Yubiza Cotes, Yoledys Pimienta, Diana Zapata y Sandra Hernández.
Este convenio se conoció a la luz pública por Yubiza Patricia Cotes González, quien le dirigió una carta al alcalde de ese entonces, Miguel Enrique Pugliese Chassaigne, poniéndole de manifiesto las posibles irregularidades.
Según Cotes González, la Fundación le descontaba a los trabajadores: salud, pensión y riesgo profesional, pero esos recursos no eran cancelado a sus trabajadores, como también desaparecieron todos los archivos de años anteriores para ocultar presuntos malos manejos.
Igualmente, pone en evidencia que la Fundación estaba cobrándole a los conductores de buses el servicio de alcoholimetría, sin que este se prestara, ya que el proveedor de la maquina se la llevó porque le adeudaban un recurso importante. Es decir, los conductores podrían conductor en aparente estado de alcoholemia y no habría cómo detectar esta anomalía.
Otra posible irregularidad que existe desde la elaboración del mismo convenio, se observa una desproporción en el recurso que la Fundación debe entregarle al Distrito por las tres unidades, ya que este valor es muy irrisorio, consistente en la suma de 5 millones de pesos.
Esa cifra causó sorpresa entre los empleados de la Terminal quienes fueron consultados por este medio de comunicación, afirmando que es algo ilógico, si se tiene en cuenta que mensualmente se recaudan más de 50 millones de pesos, pero más raro es que el Distrito debe reinvertir ese recursos en las mismas unidades.Una investigación inició la Fiscalía General de la Nación para determinar las posibles irregularidades que se vienen presentando en la Terminal de Transporte de Riohacha, con respecto a la firma de un convenio entre el Distrito y la fundación Emprendedor Social.
En ese sentido, la Fiscalía 006 tiene a cargo la investigación preliminar que de manera intempestiva, sus investigadores llegaron a la dirección de Servicios Públicos del Distrito, a cargo de Eugenio Benjumea Argote y se llevaron copias de la documentación de dicho convenio.
Asimismo, inspeccionaron la oficina de la fundación Emprendedor Social, a cargo Manuel Ibáñez Valle y quien también fue interrogado. También llamaron a declarar a los empleados de la Terminal de Transporte y ellos son: Hiroldo Zapata, Yubiza Cotes, Yoledys Pimienta, Diana Zapata y Sandra Hernández.
Este convenio se conoció a la luz pública por Yubiza Patricia Cotes González, quien le dirigió una carta al alcalde de ese entonces, Miguel Enrique Pugliese Chassaigne, poniéndole de manifiesto las posibles irregularidades.
Según Cotes González, la Fundación le descontaba a los trabajadores: salud, pensión y riesgo profesional, pero esos recursos no eran cancelado a sus trabajadores, como también desaparecieron todos los archivos de años anteriores para ocultar presuntos malos manejos.
Igualmente, pone en evidencia que la Fundación estaba cobrándole a los conductores de buses el servicio de alcoholimetría, sin que este se prestara, ya que el proveedor de la maquina se la llevó porque le adeudaban un recurso importante. Es decir, los conductores podrían conductor en aparente estado de alcoholemia y no habría cómo detectar esta anomalía.Otra posible irregularidad que existe desde la elaboración del mismo convenio, se observa una desproporción en el recurso que la Fundación debe entregarle al Distrito por las tres unidades, ya que este valor es muy irrisorio, consistente en la suma de 5 millones de pesos.Esa cifra causó sorpresa entre los empleados de la Terminal quienes fueron consultados por este medio de comunicación, afirmando que es algo ilógico, si se tiene en cuenta que mensualmente se recaudan más de 50 millones de pesos, pero más raro es que el Distrito debe reinvertir ese recursos en las mismas unidades.
