El que hubiese modificado la planta de personal del municipio y la implementan diferentes dependencias y cargos, tiene en el 'ojo del huracán' al alcalde Pablo Parra Córdoba y a los concejales que integran el cabildo local.
El Ministerio Público los llamó a rendir versión libre sobre la denuncia que interpuso un Líder barrial porque el mandatario estaría violando en el inciso inicial del Artículo 71 del Decreto 111 de 1996 Estatuto Orgánico del Presupuesto, porque creó cargos sin que previamente se contara con la disponibilidad presupuestal para ello, simplemente, presentó una certificación de la Secretaría de Hacienda.
Parra Córdoba, para su decisión se basó en la proyección de los recursos que llegarían a la administración a través del incremento del recaudo propio de ingresos tributarios.
El mandatario de los albaneses conformó dos secretarias: Asuntos Indígenas y Desarrollo Económico, también la Oficina de Control Disciplinario Interno y Gestión de Victimas.
Con respecto a los concejales, la exposición de motivos no contenía el estudio del costo fiscal, del gasto adicional que se estaba autorizando y mucho menos la fuente de financiación para asumir el compromiso de los cargos creados.
Al conocerse la denuncia, la Procuraduría Regional de La Guajira, lo que hizo primero fue darle traslado con un reporte de alerta a la Contraloría General de la República, para que investigara ya que pudo verse afectado las arcas del municipio.
Los coadministradores del municipio son: Adela Caro Díaz, Doglis Suárez, Eliécer Solano, Juan Carlos Terán, Néstor Sáenz, Sirley Solano, Yesid Bonivento, Jader Magdaniel, Jairo Solano, José Lorenzo Pérez, Liceth Solano Ayala, Raúl Deluque y Yan Carlos Pinto.