La venta irregular de unas tierras tiene a dos familias dibulleras enfrentadas y los hechos de violencias han sido rechazados por los habitantes del municipio hasta el punto de calificar a una de las familias como personas no gratas, solicitando su salida del territorio.
“Todo inició por unas tierras nuestras que Luis Del Prado vendió arbitrariamente, nosotros les hicimos el reclamo y colocamos la denuncia, el día 31 de julio nos avisan que Luis, su esposa e hija están agrediendo a un menor de mi familia, cuando llegamos al lugar nos recibieron con palos y machetes, nos querían matar” narró José Luis Mendoza Barros uno de los agredidos.
Las víctimas quedaron identificadas como José Luis y su hermano Jaime Mendoza Barros, su primo Enrique Mendoza Toro y Emilio Rodríguez López patrullero de la Policía Nacional quien recibió el llamado y llegó al lugar para mitigar la querella, estos resultaron con heridas en sus brazos y piernas causadas por machetes a manos de Luis Del Prado, su esposa Martha Marín y su hija Darlys Del Prado Marín.
El hecho ha generado rechazo por parte de la comunidad de Dibulla principalmente del sector de la Boca donde se presentó el percance. El día martes se llevó a cabo el primer encuentro de conciliación a solicitud, donde delegado de la Defensoría argumentó que Luis Del Prado colocó la denuncia ante la Fiscalía en Riohacha por presunta persecución y amenazas en su contra. La reunión estuvo asistida por el Secretario de Gobierno local, Delegado de la Defensoría del Pueblo, Palabrero representante de la Secretaría de Asuntos Indígenas del Departamento, Personero Municipal, Policía Nacional y miembros de ambas familias involucradas.
La familia Del Prado manifestó solidaridad con los agredidos y expresaron su descontento con las acciones tomadas por su pariente Luis Del Prado, su esposa e hija a quienes califican de agresivos e intolerantes.
“No es primera vez que ellos se ven involucrados en hechos de violencia, como familia estamos dispuestos a ser de intermediarios y solventar este percance para mantener la paz en la comunidad”, argumentaron los parientes de Del Prado.
Por su parte, la familia Mendoza basados en la cultura Wayúu solicitan la indemnización por el daño causado a la humanidad de sus sobrinos, presentaron un documento donde la comunidad anexaron firmas calificándolos como personas no gratas y solicitan su salida del municipio ya que consideran que los Del Prado Marín son una amenaza para la comunidad.
Antes este la situación expuesta, el delegado de la Fiscalía manifestó, que lo que se busca es mantener la convivencia entre los vecinos, por lo que acordaron un nuevo encuentro en los próximos días que cuente con la presencia de todos los implicados para llegar a un acuerdo definitivo y acorde para ambas partes.