Procuraduría pide aclarar proceso para contratación del transporte escolar en La Guajira

Procuraduría hizo observaciones sobre licitación por más de $27.000 millones para transporte escolar en 12 municipios de La Guajira.

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El Ministerio Público solicitó al gobernador (e) revisar la pertinencia de modificar o ajustar el cronograma de la licitación pública.

La Procuraduría General de la Nación solicitó al Gobernador (e) de La Guajira, John Eduardo Fuentes Medina, aclarar la forma como se definieron los requisitos para escoger a la empresa que prestará el servicio de transporte escolar en las zonas rurales y urbanas de 12 municipios del departamento, contrato que tiene un costo superior a $27.926 millones y beneficiará un total de 7.968 niños y niñas.

La solicitud del Ministerio Público, en desarrollo de una acción preventiva, tiene como fundamento principal la protección de los derechos fundamentales de los niños como sujetos de protección constitucional reforzada, y evitar afectaciones al ordenamiento jurídico y al patrimonio público.

En comunicaciones enviadas a Fuentes Medina, el órgano de control pidió los estudios, análisis y justificación técnica aplicados por la gobernación para fijar los requisitos exigidos a los interesados en brindar el servicio, y así verificar que en el concurso se diera aplicación a lo establecido en la normatividad legal, en lo relacionado con la selección objetiva de proponentes y la múltiple participación de oferentes.


La Procuraduría le requirió al gobernador Fuentes Medina revisar la pertinencia de modificar o ajustar el cronograma de la licitación pública.

Al proceso de licitación solo se presentó la empresa Unión Temporal EIKAJULUIN, integrada por la Asociación de Relacionistas y Transportadores Turísticos de La Guajira, Transportes Relaturg Limitada y Busservi del Caribe S.A.S.

Ante la falta de respuesta y precisión a las observaciones en el proceso preventivo, la Procuraduría le requirió al gobernador Fuentes Medina revisar la pertinencia de modificar o ajustar el cronograma de la licitación pública, hasta tanto el ente de control tenga claridad sobre las transparencias del proceso.

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