El presidente Ollanta Humala promulgó una ley clave para agilizar la búsqueda de más de 15.000 personas desaparecidas durante la guerra interna que enfrentó principalmente al grupo extremista Sendero Luminoso y las fuerzas de seguridad entre 1980 y 2000.
Recientemente el gobierno colombiano, a través del Instituto Nacional de Medicina Legal informó que desde 1938 en Colombia ha habido 80.245 desaparecidos y que de ellos más de 20.000 corresponden a desapariciones forzadas relacionadas con el conflicto armado, y hasta ahora no se ha promulgado ley alguna en Colombia para agilizar la búsqueda de esos desaparecidos.
La ley publicada en Perú, en la gaceta oficial con la firma de Humala indica que se prioriza el enfoque humanitario y explica que se concentrará en hallar los restos de los desaparecidos para que sus familiares, que los buscan por décadas casi sin apoyo de nadie, puedan enterrarlos de forma digna.
Según los expertos, el tema de la búsqueda siempre encontró absoluta indiferencia en las autoridades políticas del país. La mayoría de desaparecidos fueron indígenas pobres, nunca tuvieron representación política en el parlamento y era originarios de las altiplanicies surandinas de las ricas regiones mineras de Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Apurímac, Puno y Cusco donde el quechua y el aymara son las lenguas predominantes.
En la actualidad si una persona quiere buscar a un familiar desaparecido durante la época de la violencia política tiene como única opción presentar una denuncia ante la fiscalía, necesita de testigos que deben dar su testimonio ante un fiscal y se tiene que seguir un extenso proceso judicial que demanda tiempo y dinero.
Pero el verdadero reto de la ley es asegurar que la ley no se quede solo en el papel, sino que se implemente, se le den los recursos, el apoyo técnico para realizar las búsquedas de los desaparecidos, ya que esa ley es de una trascendencia fundamental para el Perú y América Latina porque en toda la región existen desaparecidos de épocas dictatoriales y de conflictos armados internos donde los familiares siguen buscando a sus desaparecidos, para identificarlos y darles sepultura digna.
Según cifras oficiales hasta 80% de las denuncias son archivadas por la fiscalía peruana porque no se logra identificar al autor de los crímenes. La fiscalía solo cuenta con 20 forenses con remuneraciones muy escasas para el enorme y extenuante reto de buscar a miles de personas cuyos restos están enterrados en zonas remotas adonde llegan tras caminar hasta dos días seguidos.
En Perú existen alrededor de 6.462 cementerios clandestinos y solamente en la región Ayacucho, cuna de la insurgencia senderista, existe un sitio de entierro cada 3 kilómetros.
El conflicto armado interno de Perú dejó profundamente dividido al país, ocurrió entre 1980-2000, se produjo durante los gobiernos de los presidentes Fernando Belaunde, Alan García y Alberto Fujimori. El gobierno de Ollanta Humala finaliza el 28 de julio y lo sucede Pedro Pablo Kuczynski quien ha prometido impulsar la búsqueda de los desaparecidos