Con el aumento de los casos de corrupción de familiares de presidentes latinoamericanos, la pregunta es si laciudadanía actuará para que no se siga socavando la democracia. América es una región próspera para los familiares de los dirigentes políticos.
Frases como: “roba pero hace”, cada vez son más comunes, y de manera sorprendente sectores amplios de la sociedad, encuentran fórmulas para excusar estos comportamientos criminales.
El más reciente episodio se registró en Guatemala. Después de meses de investigación, el pasado 18 de enero fueron detenidos el hermano y el hijo de Jimmy Morales, actual presidente de Guatemala, señalados por corrupción. A su “favor”, se argumentó que las acciones ilegales que presuntamente llevaron a cabo Samuel ‘Sammy’ y José Manuel Morales tuvieron lugar antes de que el mandatario asumiera la Presidencia.
El mismo día cuando en Guatemala estallaba el caso de corrupción de Morales y sus familiares, en Panamá el expresidente Ricardo Martinelli, quien ejerció el poder entre 2009 y 2014, fue denunciado junto con sus dos hijos por su presunta vinculación a los sobornos de la empresa constructora Odebrecht. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, entre 2010 y 2014, la compañía pagó 59 millones de dólares en coimas a funcionarios del gobierno panameño, para asegurarse así contratos de obra pública.
La práctica no es única de Guatemala y Panamá. Sebastián Dávalos, hijo de la presidenta chilena. Michelle Bachelet y Natalia Compagnon su esposa, fueron señalados por el “Caso Caval”. Este caso se hizo público a inicios de 2015, luego de que una investigación revelara que la empresa Exportadora y de Gestión Caval, propiedad de Compagnon, recibiera un crédito de 10 millones de dólares del Banco de Chile, aprobado justo después del triunfo de Bachelet.
En Colombia, Tomás y Jerónimo, hijos del expresidente Álvaro Uribe han sido mencionados en varias causas judiciales. Una de ellas tiene que ver con un complejo caso de supuestas irregularidades fiscales asociadas con Ecoeficiencia, S.A., la empresa de los dos hermanos. Tomás Uribe también fue cuestionado por haberse reunido con directivos de la empresa Odebrecht en Panamá, señalada de sobornos, en momentos en que se adelantaban gestiones para multimillonarios contratos de obra pública en Colombia.
Por otro lado, están los casos de tráfico de influencias, como el de Venezuela, donde los sobrinos de la esposa del presidente Nicolás Maduro se ufanaban de su relación familiar para negociar con drogas. Un caso por el que fueron declarados culpables en noviembre pasado.
A finales del año pasado, el gobierno de Mauricio Macri, presidente de Argentina, aprobó un decreto que permitió que los padres, cónyuges e hijos de funcionarios públicos blanqueen bienes y tenencia de monedas, si justifican que se trata de bienes adquiridos antes de que estos hubieran asumido sus cargos.