Ambigüedades

Editorial
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La Ley de Amnistía, aprobada en diciembre en Colombia para los actores del conflicto armado con la guerrilla de las Farc, incumple los estándares internacionales y no garantiza los derechos fundamentales de las víctimas, según el informe anual de la ONU sobre derechos humanos en el país en 2016.
 El Alto Comisionado para las Naciones Unidas dijo estar “sumamente preocupado” porque la norma deja ciertas ambigüedades y vacíos que “pueden favorecer la impunidad para los perpetradores de graves violaciones de derechos humanos”. La justicia transicional, con una gran oposición interna, es uno de los puntos más polémicos del acuerdo de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

El pacto establece una amnistía generalizada y condenas de hasta ocho años de cárcel para los combatientes que hayan participado en crímenes atroces si admiten su responsabilidad. Algunos aspectos de la ley “no cumplen con las normas internacionales y socavan la centralidad que el Gobierno y las Farc- EP le habían dado previamente a los derechos de las víctimas”, especificó el organismo en su texto, donde citó los casos miles de agentes del Estado y guerrilleros que llevan más de cinco años presos y que quedarán en libertad condicional sin el seguimiento suficiente. 

En su informe, la ONU también manifestó su incomodidad con el modelo que se utilizará para juzgar la cadena de mando dentro del Ejército y la Policía. El documento también destaca la persistencia de los incesantes asesinatos a líderes sociales, una crítica que Naciones Unidas en Colombia ha resaltado desde hace meses, cuando las Farc abandonaron sus zonas de influencia dejándolas en manos de otros grupos armados ilegales que se disputan el control del narcotráfico. En total, la ONU registró 127 homicidios de activistas en 2016, de los cuales 60 fueron contra defensores de derechos humanos y muchos de los demás, líderes políticos de izquierda.

En total, la oficina registró 389 ataques a activistas. “La Oficina ha reiterado su preocupación sobre el alto nivel de impunidad en los casos de agresión contra los defensores de derechos humanos”, aseguró el texto, que destacó que las muertes se registraron de manera sistemática en zonas rurales. Pese al perfil de las víctimas, solo 20% de las personas que recibieron protección del estado se encuentran en esas áreas. Finalmente, la ONU destacó que seis civiles murieron de forma arbitraria en operaciones de agentes del Estado, lo que califica de “ejecuciones extrajudiciales”.