Pese a que nuestro país se ha convertido en un ejemplo para el mundo en materia de paz al lograr que la mayor y más antigua guerrilla del continente, las Farc, entregue sus armas y pase a la vida civil, persisten varios focos de violencia que sacuden al país de forma intermitente.
El atentado en el Centro Comercial Andino de Bogotá, que el pasado 17 de junio dejó tres muertos y ocho heridos, al igual que el secuestro del periodista Derk Johannes Bolt y el camarógrafo Eugenio Ernest Marie Follender, ambos de nacionalidad holandesa, muestran que todavía falta camino por recorrer para alcanzar la paz duradera que pregona el Gobierno. Estos actos llevan suponen un mensaje para la administración del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, porque muestran que el conflicto subsiste en regiones como el Catatumbo, en la frontera con Venezuela, donde fueron secuestrados los dos holandeses, también el 17 de junio, por la guerrilla del Eln que a la medianoche de ese viernes los dejó en libertad.
Del atentado terrorista en Bogotá, que costó la vida a tres mujeres, una de ellas de nacionalidad francesa, ningún grupo al margen de la ley se ha hecho responsable mientras las autoridades insisten en que sus investigaciones avanzan por buen camino pero sin dar mayores explicaciones. Poco tiempo después del atentado en el Andino y casi que en coro las Farc y el Eln, la segunda guerrilla del país, se desmarcaron de los hechos. También negó su participación el Movimiento Revolucionario del Pueblo, Mrp, una milicia urbana vinculada al Eln que se creó en 2015.
Otras teorías apuntaron al Clan del Golfo como autor del atentado, una banda criminal surgida en 2006 tras la desmovilización de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia, Auc, que en los últimos meses desencadenó una ola de asesinatos de policías en todo el país en represalia por las operaciones en su contra. En el Catatumbo también delinque un reducto del Ejército Popular de Liberación, Epl, guerrilla que se desmovilizó en su mayoría en 1991, y que para el Gobierno no es más que una banda de narcotraficantes.
De hecho, de esa banda emergió uno de los mayores dolores de cabeza del Gobierno, Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel”, máximo jefe del Clan del Golfo que comenzó en las filas del Epl y luego pasó a las Auc, con las que conoció los secretos de la guerra y el lucrativo negocio del narcotráfico. Para combatir a este grupo, el Gobierno colombiano encomendó esta semana al general de la Policía Jorge Luis Vargas encabezar un grupo de efectivos que tienen como principal objetivo a “Otoniel”.
Lo cierto es que en la zona en donde fueron secuestrados los dos holandeses se conjugan todos los males del denominado posconflicto porque allí operan el ELN, guerrilla con la que el Gobierno colombiano explora un proceso de paz en Quito, el último reducto del EPL y otras bandas criminales.
Mientras tanto en Ecuador, el Gobierno colombiano y el Eln siguen negociando una agenda común para la paz, sin mayores avances debido a los secuestros y ataques a la infraestructura petrolera y de energía del país que sigue realizando esa guerrilla.
A los focos de violencia en distintos puntos del país se suman las disidencias de las Farc que no aceptan el acuerdo de paz firmado por el Gobierno colombiano y esa guerrilla en noviembre pasado. Estas actúan en los departamentos de Vichada y Guaviare, donde esa guerrilla operó durante décadas y donde también se vio envuelta en el narcotráfico.
Si bien es cierto que el Gobierno colombiano reconoce que todavía hay focos de violencia en varios departamentos, hay quienes creen que las disidencias pueden ser más de las reconocidas oficialmente y pueden convertirse en obstáculo a la hora de consolidar la paz.