Cerca de 1.878 personas, unas 678 familias, han sido desplazadas en el Pacífico colombiano como consecuencia del accionar y reposicionamiento de distintos grupos armados en la zona, denuncia que dejo muy claramente formulada la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, Ocha.
Uno de los propósitos fundamentales de las Naciones Unidas, como se afirma en su Carta, es realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario. La primera vez que la ONU participó en una reconstrucción tras un conflicto fue en Europa tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, la comunidad internacional confía a la Organización la coordinación de las operaciones de socorro frente a los desastres, naturales o provocados por el ser humano, en las zonas donde la capacidad de las autoridades locales no es suficiente para hacer frente a la situación.
La Ocha, Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, dependiente de la Secretaría de la ONU, es responsable de la coordinación de las respuestas a emergencias. Realiza esta función a través del Comité Permanente Interagencial, entre cuyos miembros se encuentran las entidades del sistema de la ONU con mayor responsabilidad a la hora de proporcionar ayuda de emergencia. Un enfoque coordinado de todo el sistema en la ayuda de socorro es esencial a la hora de proporcionar asistencia rápida y eficiente a los necesitados.
Desde el primer semestre de este año el desplazamiento masivo ha afectado a las comunidades afrodescendientes e indígenas, Wounaan, que habitan en las zonas del Bajo San Juan y el Bajo Calima de Buenaventura, en el departamento del Valle del Cauca, y en el municipio del Litoral del San Juan, en el departamento del Chocó.
Las masacres, amenazas, reclutamientos forzados, y otros hechos de violencia armada, han sido los motivos del desplazamiento masivo y la situación se agrava por los vacíos en la respuesta a las emergencias ocurridas por estas situaciones. De las 1.878 personas unas 652 se encuentran en la cabecera municipal de Buenaventura, donde se ha dificultado la atención humanitaria por problemas de infraestructura y atención técnica.
En general, el escaso conocimiento técnico para la aplicación de los enfoques diferenciales étnicos vulnera y dificulta las condiciones de vida de estas poblaciones. Las comunidades ribereñas de Cocalito y Jooin Jeb, en el Valle del Cauca, presentan situaciones de confinamientos por graves limitaciones a la movilidad y restricciones al acceso de bienes y servicios básicos hechas por un grupo armado no identificado.
En lo corrido del año, el accionar y reposicionamiento de los Grupos Armados Post-Desmovilización y Grupos Armados No Estatales), así como los enfrentamientos entre éstos y la fuerza pública, agrava la situación humanitaria del Pacífico colombiano.