América Latina y el Caribe es una región de migración. Desde sus orígenes ha sido escenario de grandes movimientos migratorios que, motivados por diversas razones, han dejado una huella determinante en nuestros territorios y en nuestra identidad.
Estos movimientos contribuyeron decisivamente a la configuración de nuestras sociedades y han influido en la conformación étnica y cultural, la modernización social y económica, la transición demográfica, los desplazamientos internos de la población y sus pautas de distribución territorial, la adopción de principios de ordenamiento jurídico y la institucionalidad democrática.
Actualmente, unos treinta millones de latinoamericanos y caribeños viven fuera de su país de nacimiento, cifra que constituye el 4% de nuestra población total. A su vez, aquellos nacidos en el extranjero que residen en países de América Latina y el Caribe equivalen a prácticamente un cuarto de la cantidad de emigrados y tan solo a un 1,1% de la población total de la región. Por su parte, los inmigrantes que provienen de la propia América Latina y el Caribe son el 62,8%, una cifra que sigue creciendo en relación a las décadas anteriores.
La migración internacional contemporánea concita actualmente muchas inquietudes y también trasunta oportunidades y retos. En el caso latinoamericano y caribeño, la realidad de la migración es compleja, diversa y heterogénea. Reconocer esos matices es parte del esfuerzo en el que estamos empeñados y que permite articular diagnósticos más precisos, en el ánimo de fundar respuestas coordinadas más pertinentes.
Una de esas respuestas es la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en 2016 y con la que América Latina y el Caribe ha ratificado su compromiso.
Este pacto mundial tiene la original aspiración de adoptar acuerdos para la gobernanza de la migración internacional, un tema totalmente presente en todos los países de la región.
Los antecedentes más directos del pacto son la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que contiene metas explícitas sobre migración y, en especial, para lograr la protección de las personas migrantes, y la Agenda de Acción de Addis Abeba de la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo. Hay además sustento en la Declaración del Segundo Diálogo de Alto Nivel sobre la Migración Internacional y el Desarrollo de las Naciones Unidas, aprobada en octubre de 2013.
Es decir, que existe una plena legitimidad para abordar las negociaciones de este pacto mundial que tiene su base principal en la urgente necesidad de garantizar los derechos de miles de personas en sus travesías, inserción y retorno migratorio, tan puestos de manifiesto en los últimos años.
La Cepal asigna a este proceso de negociaciones la más alta importancia. Es claro que las nociones de una migración segura, ordenada y regular merecen discutirse. Y si se aceptan debidamente, cabe exigir su materialización.
Se trata de una oportunidad histórica de reconocer la existencia de la tríada de derechos, desarrollo y migración, como parte del devenir de las naciones, en particular de la región, que interpela a los Estados y a las modalidades de desarrollo.
La migración ni es un problema ni conlleva amenazas, sino que se trata de un bien común que podría colaborar a la disminución de la desigualdad y a la reducción de las asimetrías en un mundo globalizado.
Es por esto que hemos hecho el llamamiento a una incorporación plena de la migración en las agendas de desarrollo. No se trata de una mirada solamente utilitarista, sino de una mirada integral al servicio de las personas.