Son políticos usando los hospitales e Ips como fortines para nombrar a los amigos. Utilizando los dineros de la salud como plata de bolsillo a través de carteles que se roban todo. Proveedores de medicamentos con precios exacerbados, equipos cuya operación genera fortunas. Claro, hay también hospitales embarcados en cobrar más o incluso realizar procedimientos innecesarios para cobrar lo que más se pueda. Pareciera un botín donde todos muerden y al paciente no le queda nada. Y también ha usuarios abusivos que se llevan a mordiscos el sistema.
Sin embargo, lo más preocupante está en las Eps. La integración vertical es nuestro mayor drama. Las Eps contratan los servicios con ellas mismas; valen lo mismo o más de lo que vale en un buen hospital o un buen procedimiento, pero en general, lo que ofrecen es sustantivamente peor.
Nos presentan un panorama según el cual las Eps gastan el 97% de lo que reciben, se quejan de que la Upc es muy baja. Lo que no nos cuentan es que los dueños de las Eps o sus familiares reciben el dinero por el otro bolsillo. Las Eps, con contadas excepciones, hacen el negocio en la prestación del servicio. Obligan a sus afiliados a recibir el tratamiento o la atención en sus propios centros o en el de sus parientes y asociados, con pésima calidad y alto costo.
Si las Eps fueran tan mal negocio como lo esgrimen, pues abrían cerrado sus puertas. Sucede lo contrario, persisten porque el negocio está en otra parte. La solución, por lo menos el principio de ella, es regular el gobierno corporativo. Luego crear la obligación de que las EPS tengan una red de proveedores que permita al usuario escoger su centro de atención. Y sobre todo, los usuarios deben tener la posibilidad de cambiar de Eps para jamás estar secuestraros por los trámites y obligado a soportar un mal servicio.
Lo que está sucediendo con Medimas es motivo de preocupación. Las denuncias de que se trata de los mismos dueños de Saludcoop o sus parientes o asociados retomando el control, son muy graves. La intervención del Estado empeoró la situación financiera y la devolvió a sus dueños, escondidos. Nadie entiende porque los usuarios no fueron asignados a las buenas Eps y se les dio la posibilidad de escoger aquella de su preferencia.
Las Eps no deben desaparecer, deben circunscribirse a sus funciones: controlar que los precios que cobran los prestadores del servicio sean adecuados y los servicios los necesarios. No deben prestar la atención básica. Las Eps tienen que ser más trasparentes en su gobierno. Necesitamos una superintendencia técnica que funcione. Y algo tendremos que hacer con la imposibilidad de reforma de las Eps, pues como financian campañas de muchos políticos, con eso compran un blindaje que impide las necesarias reformas.