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Jue, Mar

El secreto como prerrogativa

Editorial
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Los estados exigen la verdad, pero, cuestión de poder, pueden administrar a su arbitrio los canales para que sea o no conocida; por eso, con frecuencia retienen en sus archivos elementos de información cuyo conocimiento inmediato no consideran útil al bien público. Las razones para que ello sea así configuran un cuadro muy complejo, que refleja un sistema de pesos y contrapesos entre principios y necesidades cuyo equilibrio siempre será difícil de mantener.

La autoría de esas verdades no siempre es clara. En ocasiones provienen de golpes de opinión, que hacen sobresalir una determinada interpretación, que impacta por haber sido la primera, o la más fácil de entender, o de vender. Sus autores llegan a oficiar de pontífices, hasta que su papel se desvanece para que el dogma circule como moneda corriente. En otros casos el Estado genera una creencia que adorna con la majestad de las interpretaciones oficiales, mientras embarga información que tiene el privilegio de guardar en sus archivos. Actitud que genera preguntas sin respuesta, a cargo de acuciosos militantes de la duda, que alimentan versiones alternativas. 

El asesinato, hace medio siglo, de un presidente particularmente popular de los Estados Unidos, que fue presentado al mundo como símbolo de la frescura y la renovación, luego de la experiencia de la guerra, no solamente conmovió los cimientos de la sociedad norteamericana, sino que produjo, particularmente en Occidente, una sensación de vacío y de tragedia que tomó mucho tiempo superar. El aparato publicitario que había llevado a John Kennedy al poder inauguró no solamente nuevas modalidades de propaganda política en campaña electoral, sino que se extendió al mundo como símbolo de una era naciente en materia de promoción de imagen internacional. 

Fue precisamente bajo el impulso de esa “magia comunicativa” que los propios Estados Unidos tuvieron que presentar la tragedia de la muerte de su líder renovador, sin demeritar su condición de potencia mundial. ¿Cómo superar las dudas recién aparecidas sobre su vulnerabilidad? ¿Cómo aparecer ante el mundo con una institucionalidad capaz de superar los más difíciles escollos, para seguir ejerciendo de líder de una fracción del mundo, y de policía en una que otra región? ¿Cómo evitar una discusión interminable sobre los hechos y una auscultación indebida de sus debilidades internas? 

La respuesta se sintetizó en una sola explicación: el asesino había obrado de manera aislada. Sus posibles vínculos con potencias extranjeras no tenían relevancia. Los datos existentes sobre su pasado, remoto y reciente, nada tenían que ver con su alucinado propósito. Su inverosímil capacidad para disparar tres veces, certeramente, un rifle de difícil manejo, tenía que ser aceptada como un prodigio del mal. Cerrado el caso, con el veredicto de la famosa Comisión Warren como versión oficial de la historia, el asunto quedó sepultado para el público, a sabiendas de que existían cientos de documentos que solo mucho más tarde, entrado ya el Siglo XXI, se podrían llegar a conocer, cuando la figura del desaparecido presidente fuera para muchos un recuerdo lejano y para los demás un detalle insignificante del pasado. 

Todos los estados, no importa cuál haya sido su forma, se han considerado guardianes de la verdad, y frente a ellos rige un código de honorabilidad ciudadana que exige no mentir. En su condición de árbitros de verdades radican su potestad y su legitimidad para administrar justicia. Por eso se les ha otorgado el privilegio de ser garantes de la fe pública. 

Frente a ello, siempre tendrá que haber alguien que, en cada caso, pregunte a nombre de la sociedad: ¿Cuál es el bien público que se protege con el silencio y el secreto?, ¿Cuáles serán, ante la historia, las razones válidas para que uno u otro hecho no se deje conocer del público, tal como fue?, ¿Cuánto tiempo será prudente esperar, en cada caso, para que hechos conocidos por los gobernantes, o por una u otra agencia del estado, salgan de la oscuridad?, ¿Qué tan armónica resulta la construcción de la verdad oficial? 

A los ciudadanos, y en particular a los periodistas, corresponde mantenerse vigilantes y formular esos y otros interrogantes, para que jamás se abuse del privilegio de ocultar información y, lo que es peor, ningún gobierno acuda a ese expediente para ocultar sus propias faltas.


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